“Compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral”. Así se llama el documento que suscribieron la semana pasada, en la Casa de las Naciones Unidas, los candidatos y candidata de los nueve partidos políticos inscritos en el país. Con la presencia de seis de los candidatos presidenciales en el acto –convocado con pocas horas de antelación-, todas las organizaciones políticas se hicieron representar al más alto nivel y manifestaron por escrito y de viva voz, en conjunto con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro Nacional de las Personas (RNP), su voluntad de contribuir a la paz y estabilidad nacionales a través de un conjunto de medidas que se orientan a dotar de calidad las elecciones generales de noviembre de 2013, a garantizar el ejercicio responsable e informado del voto y al desarrollo de una campaña electoral respetuosa de las leyes, transparente y basada en principios éticos.
El camino que condujo a la firma de este importante documento no fue fácil. Debieron sostenerse varias reuniones entre representantes partidarios y franquearse recelos, desconfianzas y desacuerdos. Sin embargo, una trabajosa y atinada facilitación por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –aderezada por gestiones oficiosas de la comunidad internacional- contribuyeron a que se materializaran los deseos de varias de las organizaciones políticas, instituciones firmantes y población en general de contar con una evidencia palpable de la voluntad de todos los actores políticos de llevar a cabo un proceso electoral que, lejos de causar incertidumbres y sobresaltos, fortalezca el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática del país.
La palabra “compromiso” tiene varios alcances. No solo establece obligaciones para las partes firmantes, sino que pone en juego la credibilidad de quienes estampan su rúbrica. Un compromiso es “palabra dada” y como tal apela directamente a hacer frente a una de las principales debilidades (y características) del sistema político hondureño: la falta de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, en las instituciones que estos integran (por ejemplo, el Congreso Nacional, el Tribunal Electoral, etc.) y en sus operadores naturales (los políticos). En estudios periódicos (como el Barómetro de las Américas; véase “Cultura política de la democracia en Honduras y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades”, LAPOP/Universidad de Vanderbilt, p.p. 135-136), se ve cómo la confianza de la población en estos actores apenas llega a 1/3 del total nacional. Esta información es consistente con la que proveen otros análisis internacionales y nacionales que se hacen públicos con frecuencia, reveladores del trayecto que le hace falta transitar a la democracia hondureña para consolidarse tanto en aspectos visibles para todos como en el corazón de la gente.
Por ello, más allá de las voces agoreras que anuncian (y desean) el fracaso de esta nueva iniciativa, celebramos con cautela este buen paso, porque así se aprende a caminar, paso a paso.
