Existen suficientes razones en el país para que distintos sectores de la sociedad hondureña eleven su voz de protesta por la forma poco visible con la que actuó el gobierno para firmar un contrato para instalar, operar y transferir los servicios de control de identidad de pasajeros internacionales que arriben o salgan de la República de Honduras.
El malestar se presenta porque el Poder Ejecutivo, en representación del pueblo hondureño, firmó un protocolo de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, sin dar detalles, donde se comprometió a tomar medidas para el control de pasajeros ligados a actividades ilegales como el terrorismo, narcotráfico, evasión de impuestos y lavado de activos, entre otros.
La sorpresa, que ya no debemos sentir porque nos tienen acostumbrados, es cómo de los 128 diputados nadie pudo levantar la mano para pedir una explicación al secretario del congreso cuando este leía 'aprobar en todas y cada una de sus partes el contrato SEIP-001-2011 entre el abogado Carlos Áfrico Madrid Hart y el señor Enrique Segura en su condición de presidente ejecutivo de Securiport'.
El pleno, como por arte de magia, lo aprobó; nadie dijo ni pío. Unos con el amplio entendimiento, otros porque no asumen con responsabilidad el mandato que por cuatro años les otorgó, vía elecciones, el pueblo hondureño, y se conforman con levantar la mano para bien o para mal, con ello justificando su presencia en el hemiciclo legislativo.
Es sorprendente escuchar a congresistas decir que ellos no aprobaron eso, que no estaban algunos de ellos en la cámara Legislativa, cuando el contrato se firmó al amparo del artículo 158 del decreto legislativo 264-2010 del dos de diciembre de 2010 y publicado en el diario oficial La Gaceta ese mismo mes.
El decreto en mención autoriza al secretario de Estado en el despacho del Interior y Población para 'ejecutar el proceso de modernización tecnológico y administrativo de la Dirección General de Migración y Extranjería, la cual garantice la seguridad nacional en el ingreso, estadía y salida de personas al y del territorio de la República, a través de medios científicos, tecnológicos e informáticos, necesarios para el control biométrico, fotográfico, digital y otros que permitan cruzar información con países amigos para dar cumplimiento a los convenios y tratados internacionales de lucha contra el crimen organizado, terrorismo y delincuencia común'.
Consecuentemente los diputados no deben ignorar el contrato, porque ellos aprobaron el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el año que recién concluyó.
Al firmar ese contrato se transmite al mundo el interés que tenemos los hondureños de decir no al crimen organizado y que por lo menos tenemos intenciones, que el territorio nacional deje de ser un paraíso para narcotraficantes evasores del fisco y lavadores de activos buscados por la justicia internacional.
Algo así como que al momento que ingrese a Honduras por los aeropuertos o por los 22 puntos fronterizos un narcotraficante buscado por los Estados unidos, un evasor de impuestos en cualquier país o cualquier miembro del crimen organizado, automáticamente tendrá conocimiento los cuerpos de investigación americanos y se procederá a su detención y captura.
Si el propósito es bueno, por qué no hacer transparente todo el proceso, por qué permitirle al Secretario del Interior y Población que haga una contratación directa, solo por el hecho que Securiport trabaja con los principales aeropuertos del mundo y que tiene el visto bueno del Gobierno de Washington .
En otras naciones, en donde se ha adoptado el mismo sistema, el coste corre por cuenta del Estado y no sangran el bolsillo del visitante, porque este no estará convidado a volver al país que le cobran por investigar sus antecedentes, cuando el que no anda en malos pasos gratuitamente se somete a cualquier revisión.
El cobrar 34 dólares por entrar y salir del país a un extranjero que nos visita no garantiza que terminaremos en Honduras con los narcotraficantes nacionales, con aquellos que han hecho del crimen organizado su negocio, de aquellos que no pagan impuesto, de los que lavan dinero; por lo contrario, consolidarán sus ilícitas actividades y continuarán posesionándose del territorio nacional como lo han venido haciendo.
La medida indudablemente favorece a la gran nación del norte, pues ellos tienen enormes problemas de consumo y tráfico de drogas, ellos tienen más problemas de terrorismo y crimen organizado y obligan, con estas medidas, a los países pobres a que les ayuden a realizar su trabajo.
