El intento de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) de mantener en secreto la lista de los beneficiarios y el monto erogado por el Estado para subsidiar al transporte urbano en la capital, pone de manifiesto la permanente resistencia en la administración pública a la rendición de cuentas y la transparencia.
Ese pertinaz culto a la opacidad, que contraviene la ley nacional e internacional contra la corrupción, convierte también en un imperativo categórico la necesidad de seleccionar mejores comisionados en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a fin de que ese ente se convierta en una eficiente herramienta para que la sociedad civil y los hondureños en general puedan monitorear, sin obstáculo alguno, la forma en que se utilizan los recursos del Estado.
La transparencia también contribuye a la gobernabilidad y a la credibilidad de los gobernantes. Si desde que lo solicitó EL HERALDO, o mucho antes, hubiese sido accesible para todos la información relacionada con el subsidio al transporte urbano -tal y como lo dispone la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública- nadie estuviera poniendo en duda la correcta distribución de dichos fondos, ya que fácilmente podría verificarse si realmente todos los autobuses a los que se les asigna subvención están al servicio de los usuarios de Tegucigalpa y Comayagüela.
Además, con plena transparencia, a los transportistas les resultaría más difícil continuar poniendo excusas para darle largas a su obligación de trasladar a los usuarios capitalinos la drástica caída en el precio de los combustibles. Para el caso, dicen que harán efectiva la pírrica rebaja del pasaje hasta que el gobierno empiece a pagarles los 364 millones de lempiras; pero el secretario de Finanzas asegura que ya se les hizo una entrega de 35 millones de lempiras.
Si bien ya el IAIP declaró sin lugar la petición de la Soptravi para que los subsidios al transporte público sigan en la oscuridad, sus actuales comisionados no han contribuido a satisfacer las expectativas creadas por la Ley de Transparencia, haciendo que se cumpla y sancionando a los infractores.
Esperemos, entonces, que tengan éxito los esfuerzos que actualmente realizan el Consejo Nacional Anticorrupción y otros organismos públicos y privados, organizados en un observatorio, para que los próximos comisionados del IAIP sean mucho mejores que los actuales.
