Pesos y contrapesos

En recientes declaraciones publicadas en uno de los periódicos del país, el ciudadano presidente de la República manifestó que “el Ministerio Público no puede tener el monopolio de la acusación y al mismo tiempo el monopolio de la investigación; eso no puede ser, pues debe haber pesos y contrapesos”.

La afirmación anterior es totalmente correcta, aunque no puede ser aplicable únicamente a una de las instituciones del Estado. Efectivamente, para que el estado de derecho funcione en un país y las instituciones cumplan con las responsabilidades que les han sido asignadas, debe haber un sistema de pesos y contrapesos para evitar los abusos de poder y el surgimiento de regímenes dictatoriales.

La mayoría de los países de América Latina comparten hoy día gobiernos democráticos bajo un sistema presidencial como forma de gobierno. Las experiencias en este tipo de regímenes generalmente han girado alrededor de cómo lograr un equilibrio en el ejercicio del poder y evitar los peligros que encierra un gobierno que caiga en la autocracia o que se quede atrapado entre el inmovilismo y la ineficiencia. Ambos temas están íntimamente relacionados porque la estabilidad, eficiencia y responsabilidad social dependen en alto grado del funcionamiento de la división de poderes y la configuración constitucional y efectiva de un sistema de pesos y contrapesos.

El sistema de pesos y contrapesos representa los limites institucionales que un poder tiene derecho a imponer sobre otro poder y generalmente se encuentra incorporado en la Constitución de la República de los países. La división de poderes lleva implícita también la separación de funciones; pero, al mismo tiempo, la aceptación de que debe existir la colaboración entre más de uno de los poderes.

Nuestra Constitución de la República es muy clara en su artículo 4 al establecer, sin ningún asomo de duda, que los tres poderes en Honduras son complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La palabra independiente significa que no depende de otro y que tiene autonomía. La complementariedad nace precisamente de la necesidad de que los tres poderes se presten plena colaboración en el abordaje de temas que sean de interés nacional.

Ahora bien, para que el sistema de pesos y contrapesos funcione en forma efectiva, además de las disposiciones constitucionales y legales, un país tiene que tener un conjunto de instituciones encargadas de velar por el respeto a la ley y a la institucionalidad. Si las instituciones no funcionan porque responden a otro tipo de intereses, entonces se produce un estado de indefensión, se propicia el abuso de poder y germina una impunidad generalizada.

En general, el sistema presidencial tiene una tendencia al autoritarismo, a la inestabilidad sistémica y a resultados dependientes de la persona que ostenta el cargo de presidente. Si el presidente es inepto el período de gobierno terminará siendo totalmente ineficaz. Si existen diferencias entre los poderes, para el caso con el Legislativo, se produce una gran colisión volviendo al gobierno totalmente inoperante para la toma de decisiones, por el mutuo bloqueo entre ambos poderes. Además, en los últimos años han sido recurrentes los presidentes latinoamericanos que modifican la carta magna por la vía del Congreso o de un referendo para prolongar sus mandatos, apelando a cualquier tipo de artimañas.

En Honduras en los últimos tiempos se ha resquebrajado el sistema de pesos y contrapesos, pero paradójicamente no por culpa del Poder Ejecutivo, sino que mediante acciones que muchos hondureños consideran ilegales e inconstitucionales por parte del Poder Legislativo, como ser la destitución de cuatros magistrados de la Corte Constitucional, la aprobación del juicio político que le da a dicho Poder el monopolio de investigar, juzgar y destituir a funcionarios de los otros dos poderes y de otras instituciones públicas, y la reciente intervención del Ministerio Público.

Ante estos hechos, en Honduras necesitamos una transformación institucional que logre despolitizar el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. Para esto, cada Poder e institución del Estado debe asumir el papel que le corresponde sin extralimitarse en sus funciones, seleccionar los funcionarios públicos a cargo de las distintas instituciones mediante un sistema objetivo e independiente y aplicar la ley a los que la transgreden.