La caficultura es patrimonio nacional. Esta afirmación no pretende generar una discusión antropológica del concepto, ya que someter este tema al rigor etimológico o semántico es una tarea continua y permanente, que no viene al caso en las actuales circunstancias. Tampoco es el momento para concentrar un análisis, casi romántico y conservacionista, en la belleza cultural y arquitectónica que existe en la simetría de la siembra y sus atractivos colores que, en definitiva, alegran el paisaje de las áreas rurales de nuestro país sin duda alguna.
En realidad, el enfoque debe ser práctico e identificado por el lado económico del asunto, que no limitado solamente al beneficio inmediato y futuro de los diferentes eslabones de la cadena de valor, pero sí vinculado al bienestar común de toda la sociedad hondureña. Es decir, aparte de que la caficultura es un patrimonio nacional también es una actividad de interés público, aunque su dinámica se desarrolle entre agentes económicos de carácter privado. En sencilla expresión: la caficultura nos pertenece por derecho y obligación.
Con sus 114 mil familias directamente involucradas en la producción; US$ 1,300 millones anuales en exportaciones y alrededor de 985 mil empleos estacionales, hay que aceptar que la actividad cafetalera no solamente es una herencia material sino también un proceso social que así como el capital, se acumula, se renueva y produce rendimientos que para un mejor proveer deben ser sostenibles de generación en generación, lo cual implica el establecimiento de un conjunto de políticas públicas que favorezcan estructura y coyuntura, pero que sobre todo sean objeto de fiel aplicación y cumplimiento en todo tiempo.
Parece urgente que se imponga como instrumento legal y, por lo tanto coercitivo, la ruta que a través de la experiencia empírica y los avances tecnológicos, se ha venido construyendo para asegurar buenas prácticas en lo referente a la administración técnica y financiera de las fincas. Es una ruta que ya está indiscutible y claramente señalada.
Por tal razón es que es inaceptable, por ejemplo, que por falta de dinero o, peor aún, porque el productor así lo dispuso de manera libre y antojadiza no se hayan como mínimo repodado, nutrido y fumigado las plantas, elevando con ello el riesgo de contaminación que ahora es evidente con el brote del Hemileia vastatrix (roya del cafeto).
Otro ejemplo es que en el apremio por proceder, durante el periodo de octubre a marzo, al corte del grano, no se tomen las debidas precauciones para ejercer control respecto del recurso humano que se contrata. Sus ropas, sus instrumentos de trabajo y hasta su propia piel, son reducto propicio de las esporas del hongo. También ese extremo por falta de controles es inadmisible, por lo que debieran adoptarse medidas similares a las que otras industrias utilizan para proteger contra el contagio de enfermedades a organismos vivos con los que se trabaja.
Pero la displicencia que puede estar aconteciendo en el proceso del manejo de fincas y el trato relajado de los ambientes contaminados, son características coyunturales. Para favorecer la estructura debiera aspirarse a una mayor participación de las comunidades que, como auditores sociales recurrentes (no solamente observadores) y desde un enfoque que priorice el carácter del territorio como recurso, consideren a la actividad del café como uno de los activos principales entre sus potenciales de cara al desarrollo de una zona eminentemente rural.
En esa esfera, es posible que se lleven a cabo actuaciones que relacionen esos elementos patrimoniales de los territorios con posibilidades reales y potencialidades a medio plazo de crear nuevas fuentes de trabajo, asentar población local, proteger y conservar su propio patrimonio, en resumen: se trata de fomentar una reestructuración de su vocación productiva y una nueva ordenación del territorio en áreas económicas y socialmente deprimidas.
Por esa razón es que resulta entonces ser la caficultura un marcador de identidad.
