Una de las raíces de los graves problemas que hoy sufre Honduras es la permanente violación de las leyes nacionales y municipales, las reglas de urbanidad y civismo y a todo aquello que significa orden, disciplina, prevención, prudencia y respeto hacia la autoridad y hacia los demás ciudadanos.
Muchos ciudadanos que llevan una vida normal, sin nada que ver con quienes provocan la inseguridad que nos agobia, también se comportan como fanáticos seguidores de las transgresiones: disfrutan violando las leyes de tránsito, arriesgándose a un accidente o a tener que sobornar a los policías; si van en sus vehículos o a pie, lanzan por doquier colillas de cigarrillos, envoltorios o recipientes de todo tipo; se estacionan sin el más mínimo respeto a la ley o a los demás; compiten en la producción de ruidos ya sea con equipos de sonido o con las bocinas de sus vehículos, etc., etc.
Uno de los ejemplos más patéticos -y más recientes- de esta dañina combinación de irrespeto ciudadano a las disposiciones establecidas e incapacidad de las autoridades para hacerlas cumplir, es la gran cantidad de niños que este año ocupan la sala de Quemados del hospital Escuela después de haber sido víctimas de artefactos de pólvora, incluso en ciudades donde la producción, transporte, comercialización y uso de la misma han sido prohibidas por las autoridades edilicias.
En el caso particular de la capital hondureña, donde hace varios años se introdujo la prohibición, es de lamentar la terrible regresión sufrida, ya que después de que el año pasado se vanaglorió de tener cero niños quemados por pólvora, este año, en los días previos y en la Nochebuena, la cifra de víctimas inocentes se elevó a seis.
Ni las autoridades municipales fueron capaces de hacer cumplir la prohibición, pues había venta de productos de pólvora en todos lados, ni los padres cuidaron lo suficiente a sus hijos pequeños, e incluso muchos compraron los poderosos artefactos que también contaminaron el ambiente en la Navidad. O sea, se llega al colmo de gastar dinero para violar la ley y poner en riesgo la seguridad de los niños.
Un principio básico para contribuir con la construcción de un mejor país es respetar las leyes, las ordenanzas, las disposiciones, las reglas. Si algunas nos resultan violatorias de nuestros derechos, que favorecen a los delincuentes o que no tienen ningún sentido, pues a luchar por la vía legal para derogarlas. Pero mientras estén vigentes hay que respetarlas. De lo contrario, estamos contribuyendo a elevar el clima de inseguridad en que vivimos.
