EL HERALDO publicó esta semana los resultados de un informe del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Social, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que pone al descubierto una problemática en el sistema educativo nacional de la que poco se habla y a la que poca atención le ponen las autoridades competentes.
Se trata de cómo los centros educativos en Honduras han dejado de ser espacios seguros para los estudiantes, ya que sus entornos están siendo copados por las maras, las pandillas y el crimen organizado, que los acechan permanentemente.
Como consecuencia se han incrementado las tasas de violencia en el interior de los centros educativos, lo que afecta no solo a los estudiantes sino que también a los docentes y los padres de familia, quienes son objeto de agresiones, amenazas de todo tipo incluida la muerte, golpizas y extorsión.
La situación es grave, pues los docentes no actúan por temor, y para proteger sus vidas y sus bienes callan la problemática, que no es denunciada a las autoridades competentes, tanto dentro del Ministerio de Educación como de Seguridad, las que aduciendo la falta de denuncias no actúa en contra de los delincuentes.
La investigación concluyó que uno de cada nueve alumnos “es obligado a hacer cosas que no quiere”, como extorsión, llevar comida para otros, robar, cometer ilícitos como vender drogas o actos de violencia contra terceros.
Esta situación ha obligado a muchos estudiantes a abandonar sus estudios para evadir el asedio de los delincuentes y a muchos más a migrar a otros países para preservar sus vidas.
La problemática va en aumento, y, lo más grave, ante la inactividad de las autoridades competentes, llamadas a generar protocolos de atención a la misma que lleven a la creación de los espacios seguros que demanda la comunidad educativa.
