La famosa y aclamada lista Engel ha sido publicada por fin y, como se esperaba, ahí han sido señalados como corruptos y antidemocráticos importantes y reconocidos miembros de la clase política que ha gobernado por años a los llamados países del Tríangulo Norte centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Como era de esperarse, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar, y ha desencantado a más de alguno que cree que en la misma no están todos los que son, ni son todos los que deben estar.
Pero al margen de las consideraciones y los acalorados debates, comunes en sociedades polarizadas como las nuestras, los Estados Unidos han señalado en su lista, con nombre y apellido, a expresidentes, exdiputados y diputados del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano, funcionarios del Poder Ejecutivo, y en el caso de Guatemala a un magistrado de la actual Corte Suprema de Justicia y otro de la Corte de Constitucionalidad.
Algunos de los hondureños enlistados están actualmente corriendo por un cargo de elección popular en las elecciones de noviembre próximo.
En nuestro caso, la lista es, sin duda, una bofetada al Poder Judicial y los órganos de investigación y persecución del delito, que se han hecho de la vista gorda cuando han tenido la oportunidad de investigar y judicializar estos casos, sin importar la magnitud y las consecuencias de los hechos cometidos por los señalados.
Hoy los Estados Unidos han dado un paso al frente en la lucha contra el flagelo que empobrece a las tres naciones centroamericanas, pero no es suficiente con la suspensión de la visa.
La lucha contra la corrupción debe pasar a ser una prioridad del Estado y evitar que los corruptos sigan creyendo que desde las estructuras del poder no actuarán en su contra y más bien los protegerán. Ya es tiempo que la serpiente de la justicia también pique a los que calzan fino y no solo a los descalzos.
