En el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión, el gobierno de Honduras pondrá en vigor a partir de hoy un estado de excepción parcial en 89 barrios y colonias de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, y 73 puntos en San Pedro Sula, los cuales, según análisis de los cuerpos de inteligencia policial, son ocupados por miembros de maras y pandillas y puntos de alta incidencia de delitos cometidos con estos grupos.
El artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, publicado ayer en el diario oficial La Gaceta, manda suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 a partir de las 6:00 PM del día martes 6 de diciembre de 2022 y hasta las 6:00 PM del día jueves 6 de enero del año 2023.
Los jefes policiales han explicado que son medidas con las que buscan garantizar la protección de las personas y que las operaciones están focalizadas para el crimen común y el crimen organizado, “por lo tanto, el ciudadano común no deberá tener ningún temor”.
“Nuestra ciudadanía debe comprender que ciertos derechos van restringidos a personas o grupos criminales con antecedente criminal y la asociación ilícita; no busca restringir el derecho a ninguna persona”, aseguró Ramón Sabillón, secretario de Seguridad.
“Las medidas de excepción dan más poder a los que actúan al margen de la ley y colocan en alto riesgo a población indefensa”, ha dicho el defensor de los derechos humanos Ismael Moreno. “Políticamente es un paso en falso. La gente sensata del gobierno debe ayudar a que se entre en razón y se suspenda esa irresponsabilidad. Es tema de diálogo”.
Las declaraciones oficiales no logran calmar la incertidumbre que rodea la decisión gubernamental, la que todavía deja sobre el tapete muchas preguntas sin respuestas alrededor de su aplicación, las que deberían ser aclaradas antes del inicio de la vigencia de la misma.
