El comportamiento agresivo de grupos de choque afiliados al partido de gobierno, apoderándose por la fuerza de hospitales, centros de salud, escuelas, incluso agrediendo a fuerzas policiales, constituye un síntoma del caos actual que prevalece en el país.
Las “asambleas informativas” y el paro de labores en entes públicos en demanda de abastecimiento de medicamentos, pago de sueldos atrasados y reajustes salariales reflejan la incapacidad ejecutiva de distintas dependencias estatales y de sus titulares para el cumplimiento, en tiempo y forma, de sus respectivas obligaciones, en perjuicio directo tanto de los usuarios como de sus empleados.
También en el seno del Congreso Nacional son evidentes la imposición, autoritarismo y arbitrariedad por parte de su titular, negando el uso de la palabra a legisladores de la oposición, derrochando fondos, exactamente igual que en el pasado reciente, para silenciar voces disidentes, lo que constituye, de hecho, un soborno, deslegitimando así la representación democrática.
La conflictividad social en el agro con invasiones a la propiedad privada, la inseguridad de las personas en sus vidas y bienes que se refleja en desplazamientos internos y migraciones hacia el exterior, el aumento de la pobreza e indigencia, mayores grados de corrupción e impunidad, la intolerancia oficial hacia la pluralidad de criterios, la inexistencia de frenos y contrapesos institucionales, la ausencia de diálogos y acuerdos consensuados con diversos elementos de la sociedad que permitan desarrollo humano y económico sostenido, objetivos y metas compartidas se conjugan para reforzar, justificadamente, la percepción colectiva de incertidumbre y pesimismo de cara al presente y futuro de la nación.
El optimismo inicial de la ciudadanía, posterior a las elecciones de 2021, ha sido defraudado: la esperanza colectiva por cambios significativos en el rumbo del país ha sido sepultada y ha dado paso a la frustración colectiva. ¿Quo Vadis Honduras?
