Los fechas importantes en el calendario de las Naciones Unidas se han celebrado entre ayer y hoy: el primero, el Día Internacional contra la Corrupción y, el segundo, el Día de los Derechos Humanos.
La corrupción es quizá el principal mal de las administraciones públicas de países como Honduras, donde son muchos los funcionarios sin escrúpulos que llegan a los altos cargos a desviar los escasos fondos que deberían ser destinados a atender las necesidades de las población en general, pero en especial a las más vulnerables.
Las pérdidas ocasionadas a naciones como la nuestra por la corrupción son incalculables, aunque el Consejo Nacional Anticorrupción hace estimaciones de al menos 65,000 millones de lempiras al año, lo que, sin duda, es alarmante e indignante.
Lo que sí está claro es que se trata de una de las principales prácticas atentatorias contra los derechos humanos fundamentales de millones de hondureños y hondureñas condenados a vivir en una sociedad violenta, insegura, impune, desigual, inequitativa, pobre.
Hoy, que el país se aboca a un proceso de reconstrucción tras los daños ocasionados por la pandemia y los huracanes, la lucha contra la corrupción a todos los niveles y el respeto irrestricto de los derechos humanos deben ser cuestiones prioritarias para el Estado hondureño.
No puede ni debe quedar impune, por ejemplo, la a todas luces amañada compra de siete hospitales móviles para atender la pandemia del covid-19 en detrimento al derecho a la salud de miles y miles de ciudadanos que tienen en el sistema público de salud la única opción de atender sus enfermedades, ni ningún otro acto que implique el desvío de los fondos públicos.
Con la misma firmeza deben ser respetados los derechos humanos universales y castigados también, todo acto atentatorio en su contra.
