Obviamente, en la crisis al interior del movimiento de los “indignados” también tiene mucho que ver el éxito de la reacción del gobierno ante la indignación expresada en las Marchas de las Antorchas por la corrupción y la impunidad, que alcanzó el clímax con la revelación de que parte de los recursos saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social sirvieron para financiar la campaña del Partido Nacional.
De hecho, con la creación de la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Maccih) por parte de la OEA, en la que también actuarán jueces y fiscales internacionales, se le quitó a los “indignados” su principal bandera de lucha: la instalación en Honduras de la Comisión Internacional contra la Impunidad, al estilo de la que ayudó a los guatemaltecos a encarcelar por corrupción al presidente Pérez y a la vicepresidenta Baldetti.
Aunque Briceño ya anunció la conformación de otro movimiento en el que, contrario al de los dirigentes del grupo original de los “indignados”, sí serán bienvenidos los partidos políticos, es de suponer que allí ya solo quedarán aquellos que entienden la lucha contra la corrupción como atacar a los corruptos del actual gobierno y hasta desestabilizarlo, frustrando por su supuesto los planes de reelección, pues realmente se trata de utilizar el combate a la corrupción como estrategia de acción política.
Pero más allá de la división en las filas de los “indignados”, lo importante es que el principal fruto de las Marchas de las Antorchas, la comisión de la OEA, se convierta de verdad es un instrumento efectivo para adecentar la justicia y ponerle fin a la impunidad que gozan en Honduras los delincuentes de toda laya, incluyendo a quienes roban o trafican con los bienes públicos.
