La terminación del Estatus de Protección Temporal para Honduras es hoy una realidad jurídica y política que obliga al gobierno del presidente Nasry Asfura a actuar con pragmatismo. El TPS terminó para Honduras el 8 de septiembre de 2025 y actualmente entre 50,000 y 51,000 hondureños permanecen directamente expuestos a sus consecuencias.
El tema nació de una decisión del Ejecutivo estadounidense y posteriormente pasó a los tribunales. La vía judicial todavía ofrece espacios procesales, pero estos son cada vez más estrechos. El fallo de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026, en casos relacionados con Haití y Siria, fortaleció considerablemente la capacidad del Ejecutivo estadounidense para decidir sobre la terminación de estas designaciones.
Por eso Honduras no puede construir su estrategia exclusivamente alrededor de una victoria judicial. Debe explorar simultáneamente las posibilidades diplomáticas y legislativas.
La gestión ante la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense es jurídicamente viable, porque el Congreso conserva capacidad para legislar en materia migratoria. Políticamente, sin embargo, es mucho más complicada.
Estamos a pocos meses de las elecciones intermedias de noviembre. Pretender que congresistas o senadores republicanos confronten directamente al presidente Donald Trump por el TPS sería una estrategia poco realista.
Muchos necesitan mantener cohesionado el voto republicano y difícilmente asumirán el costo de aparecer desafiando al presidente precisamente en uno de los temas centrales de su agenda: la inmigración.
Ahí está el desafío para la política exterior hondureña.
La canciller Mireya Agüero y el embajador Roberto Flores deben desarrollar un lobby inteligente y discreto.
Honduras no debería presentar ante el Congreso una iniciativa diseñada para revertir políticamente una decisión de Trump, sino buscar una solución particular para hondureños con décadas de residencia, trabajo, familias y arraigo en Estados Unidos.
La diferencia es fundamental. El objetivo podría ser construir apoyo bipartidista para una protección migratoria diferente, un mecanismo de regularización o, cuando menos, suficiente tiempo para que los casos individuales puedan ser evaluados y los afectados exploren otras alternativas legales.
Pero esa gestión legislativa debe caminar paralelamente con el Departamento de Estado y, cuando corresponda, con la propia Casa Blanca. Honduras cometería un error si su lobby en el Capitolio fuera interpretado como una operación política contra el Ejecutivo estadounidense.
La diplomacia consiste precisamente en encontrar ese equilibrio: abrir puertas en el Congreso sin cerrar puertas en la Administración Trump.
La carta enviada al secretario de Estado Marco Rubio es, por tanto, un primer paso, no una estrategia completa. Honduras necesita transformar su buena relación actual con Washington en capacidad de negociación.
El TPS tradicional enfrenta obstáculos jurídicos enormes. La tarea ahora es encontrar una alternativa. Y para lograrla, Asfura debe conseguir algo políticamente complejo pero posible: que ayudar a los hondureños no signifique para los republicanos enfrentarse a Trump, sino respaldar una solución excepcional para ciudadanos de un país aliado de Estados Unidos.
