En la Facultad de Ciencias Jurídicas y en la vida misma se aprende que el Estado de derecho es el principio en que debe descansar una nación. Que pueblo, territorio y gobierno constituyen el Estado mismo, que es la organización política de la nación, cohesionada por su soberanía y su andamiaje jurídico.
No es opcional la existencia del Estado de derecho. No en países en que sabemos lo indispensable que es habitar dentro de la ley, con derechos y garantías efectivos. Vivimos aquí, nos decimos hondureños, apelamos al Estado de derecho y su manifiesto, la democracia, debemos entonces reivindicarlo. Entendemos que si no gozamos de un Estado de derecho pleno, no es por la sucesión presidencial del 28 de junio del 2009 o golpe de Estado, para quienes la aplican como herramienta de marketing político y sus ingenuos seguidores, o golpe de Estado al Ejecutivo, el eufemismo con el que los honorables integrantes de la Maccih procuraron resolver la abrumadora tarea que asumieron.
El Estado de derecho hondureño se resquebraja desde y constantemente por los gobernantes que buscan tallarse la ley al cuerpo. La memoria selectiva, que se extiende como uno de los males nacionales, desvanece los embates al sistema jurídico que vez tras vez, y en forma procaz, le infringieron quienes ahora invocan una reconstrucción de un Estado de derecho que ellos, no solo quienes les siguieron y de vuelta ellos, han quebrantado. El desafío ahora, lo que les exigimos, no es ni siquiera que paguen por esos desafueros sino que finalmente cumplan y sean sostén y no demoledores del imperio de la ley, la legalidad de la administración pública, de la división de poderes y de los derechos humanos, los cuatro pilares del Estado de derecho.
Quienes estudiamos derecho por amor a la justicia y no por temor a los números, entendemos que la correcta impartición de justicia es la oportunidad de recuperar el Estado de derecho anhelado. Nuestros mandatarios pueden elegir bien. Siempre son más los buenos. Sepan elegir.
