Los ciudadanos de este pequeño país afrontarán dos grandes retos electorales en el 2024: las elecciones primarias en Honduras y la elección presidencial en los Estados Unidos. Adicionalmente a lo electoral, los hondureños también están abocados a concretar un gran reto comercial: terminar de negociar un tratado de libre comercio con China. Las elecciones en Honduras estarán marcadas por tres momentos y circunstancias significativas: 1) El 10 de septiembre de 2024 se realizará la convocatoria oficial a elecciones primarias. 2) El 11 de noviembre de 2024 deben estar inscritas las corrientes internas de los partidos. 3) El proceso de elecciones debe cumplir con lo estipulado en la Ley Electoral de Honduras, aprobado mediante el Decreto No. 35-2021 que entró en vigor a partir del 26 de mayo del 2021 al ser publicado en el diario oficial La Gaceta en su número 35,610.
De esa Ley Electoral debe destacarse que hace casi imposible la participación electoral de los movimientos de cada partido, especialmente porque los obliga a tener candidatos en al menos 14 departamentos y en 200 municipios de la República, y además, los encadena al aval del partido y del Consejo Nacional Electoral.
Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos son muy importantes para toda Honduras, porque en la actualidad existe el peligro que Donald Trump gane las mismas, lo cual agravaría la situación de los migrantes ilegales en ese país, que estarían bajo el eminente peligro de ser deportados. De producirse ese evento presidencial nefasto entre estadounidenses, las remesas familiares enviadas por los migrantes legales e ilegales hacia Honduras podrían disminuir en gran medida; pero además, el país estaría bajo la amenaza de una creciente avalancha de hondureños deportados, que se incorporarían a las filas de los desempleados y a la economía informal en condiciones de salario e ingreso precarios. El actual gobierno cifra muchas esperanzas en el Tratado de Libre Comercio con la República Popular China, pero las cosas pueden resultar un tanto desfavorable para el comercio nacional, especialmente al no hacer acopio de todas las experiencias obtenidas por los gobiernos latinoamericanos que ya han mantenido comercio con ese gigante asiático.
Dicho tratado debería incluir una clara “cláusula de extinción” (sunset clause) a los 12 años, lo mismo que establecer revisiones cada tres años, de tal manera que si en una revisión cualquiera de las partes coinciden en renegociar o no continuar manteniéndolo, el tratado pudiese revisarse de inmediato o anularse en un plazo máximo de dos años. Esto es necesario para que no ocurra lo del DR-CAFTA, el cual impide que un solo país pueda renegociar algunas cláusulas mientras no culmine totalmente su vigencia. Dado los grandes diferenciales del actual comercio entre Honduras y China, el tratado debería incorporar cláusulas de excepción y tratamiento preferencial en favor de esta pequeña economía. Por otra parte, como las empresas chinas no suelen apegarse a la transparencia ni a la rendición de cuentas, el tratado debería establecer reglas claras de comportamiento empresarial, que sirvan para garantizar un mínimo de transparente en los negocios y contribuyan a impedir las conductas corruptas de cualquiera de las partes.
En resumen, los dos retos electorales y el reto comercial ya referido, deben ser temas de mucha atención tanto para los ciudadanos como para las autoridades gubernamentales de Honduras.
