Cuando la secretaria de Finanzas anunció el uso de la metodología del Presupuesto Base Cero (PBC) se generaron muchas esperanzas de contar, por fin, con una herramienta de crecimiento real de la economía. Tradicionalmente, hemos estado muy lejos de un proceso presupuestario que sea un instrumento de desarrollo. A lo sumo, hemos crecido en el Producto Interno Bruto (PIB), la mayor parte de las veces a bajas tasas y sin apropiada distribución. No hemos avanzado. Continuamos sin lograr transformaciones fundamentales. La documentación oficial de la Secretaría de Finanzas (Sefin) resume los principales propósitos del PBC de la siguiente manera: “Revisar las prioridades del gasto público; gastar y distribuir de mejor manera los recursos, apuntando a una mayor calidad de estos; y así, generar un presupuesto eficiente, transparente y ciudadano”.
Lograr eficiencia significa hacer más con menos presupuesto. Hasta ahora no hay diferencia notable respecto a lo que se hacía antes. En el mejor de los casos, con mayores recursos, se está haciendo lo mismo de siempre. Así ocurre, para el caso, con el tema de seguridad. Esa percepción es más pronunciada en el campo de la salud pública, donde si bien se tuvo el acierto de incrementar el presupuesto desde unos 16 millardos de lempiras a unos 26 millardos en el primer año, no se tradujo en mayor dotación de medicamentos, diagnósticos oportunos y acceso efectivo a tratamientos especializados. Similar ocurre en otros ramos.
Algunas interrogantes para extraer conclusiones valederas, por ejemplo: ¿es prioritario mantener sueldos exorbitantes para casta de funcionarios mayoritariamente improductivos y muy cuestionados por el público? ¿Es prioritario derrochar una masa significativa de gastos en carrera electoral precoz? ¿Hacia dónde debería estar inclinada la prioridad, hacia el gasto corriente o, hacia la inversión pública productiva? ¿Es prudente aumentar el endeudamiento improductivo?
Todos los gobiernos inquilinos del poder han contado con mayor presupuesto en cada año nuevo. En noviembre de 2021, una porción clave e independiente del pueblo coincidió en hacer mayoría y apoyar masivamente a la presidenta. Urgía buscar salida al rezago histórico. Todavía estamos esperando, exigiendo no quedar defraudados. Este gobierno dejó escapar la gran oportunidad de trabajar con un menor presupuesto, demostrar transparencia, priorizar gastos y concretar logros -verificables- en las áreas más sensibles como la producción agrícola, infraestructura vial, generación de energía renovable, reducción real de la delincuencia, creación de empleos decentes, construcción de ciudadanía y, tanto más. Parece irónico pero, hubiese sido bien recibido y de impacto perdurable, que se cumpliera con lo que el propio plan de gobierno (2022-26) establece respecto a dos puntos torales: primero, la reducción de la burocracia y exagerados salarios dejados desde el gobierno anterior, destinando esos ahorros a programas sociales (pág. 35). Y también, procesar la deuda odiosa heredada, no para dejar de pagarla, sino para lograr reestructuraciones que fortalecieran flujo de caja (pág. 36).
Entonces, todavía estamos en “cero” con el PBC. No ha habido ahorros y sigue la duplicación de gastos. Visión estratégica ausente. Despertar de la parálisis y cumplir con requisito convencional de aprobar el presupuesto en el Legislativo es insuficiente. La tardanza calendario es costosa y es imperdonable, pero lo es más aun, el rezago estructural traducido en subdesarrollo humano, desempleo, pobreza, endeudamiento, regresividad tributaria y desconfianza.
Rompamos con la inercia presupuestaria para reorientar recursos solventando verdaderamente problemas prioritarios del país. La eficacia presupuestaria se evalúa por la mejora real del nivel de vida y no por la simple ejecución contable. Resultado estéril. La ejecución es el medio, no el fin.
