Columnistas

Participación ciudadana y financiamiento político

Es importante conocer la realidad de otros países en derecho y prácticas comparadas para darnos cuenta que no estamos tan mal, pese a las anemias institucionales, también tenemos áreas de mejora, fortalezas y por supuesto que las debilidades todos podrán señalarlas porque se conciben como una forma de contribuir a la democracia. En los últimos días hemos conocido la experiencia de casi todos los países de América sobre el control del financiamiento político electoral y la problemática del “círculo vicioso del financiamiento ilícito de la política”, algo no exclusivo en Honduras, porque la regulación del financiamiento partidario es objeto permanente de discusión en todos los países de América. A Honduras se le reconoce que la Ley de Política Limpia registra la deuda política y un aporte específico para actividades de apoyo a fortalecimiento institucional y liderazgo de mujeres y jóvenes; que existen prohibiciones importantes relacionadas con los tipos de aportes como las donaciones anónimas, de funcionarios públicos y empresas con vínculos con el Estado; que hay límites de gastos de campaña delimitados y diferenciados por niveles; que existen límites para las aportaciones privadas de personas naturales o jurídicas; que se da la publicidad de los estados financieros y que hay principio de equidad para el acceso a los medios de comunicación. Es importante el rol de los ciudadanos como veedores de los procesos electorales y el desenvolviendo de las entidades del sistema, y que la sociedad civil que audita y logre cualquier estudio y sugerencia también acompañe con ayudas puntuales para fortalecer estas capacidades institucionales electorales. Se ve voluntad del pleno de comisionados de la Unidad de Política Limpia para que la sociedad civil sea parte de procesos de veeduría, se han realizado acciones para crear una red de veedores electorales de sociedad civil, pero además se reconoce que la Ley hondureña es adecuada para un primer proceso constructivo de la institucionalidad de la fiscalización de financiamiento político.