Pasaron dos meses que el Congreso Nacional de la República entró, por una decisión de su junta directiva, en una fase de pausa. Muchas leyes que estaban esperando por su aprobación siguen engavetadas. Lo que no se paralizó fue el salario de los diputados y en algunos casos se otorgaron hasta viáticos y bonos especiales. En los primeros tres meses de parálisis consumieron unos 85 millones de lempiras del presupuesto de ese poder del Estado. Normalmente, según las normas laborales del país, si un trabajador se ausenta de sus labores, sin ninguna justificación, por tres días alternos o dos días seguidos en el mes, es objeto de despido.
Claro, la condición de diputados electos por el pueblo, en nuestra enclenque democracia, les da un blindaje para no ser sancionados y gozar de un régimen laboral privilegiado.
Todo empezó cuando el pleno del Congreso no ratificó la adhesión de Honduras a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), lo que había aprobado en mayo con 66 votos de los 128 diputados que integran el Legislativo. Desde el Ejecutivo se dijo que la adhesión ya estaba aprobada, aunque no haya sido ratificada el acta, tanto es así, que Honduras ya está cumpliendo con los requisitos del Banco para ser miembro pleno y gozar de las prerrogativas que esa institución bancaria establece.
Cada día que pasaba las desavenencias entre los políticos de las bancadas en el Congreso subían de tono. Los dos bloques, la oposición y el partido gobernante, se atrincheraron. Nos quieren llevar al Foro de Sao Paulo decían a voz en cuello los opositores y los de Libre respondían con consignas refiriéndose al innombrable de JOH, exgobernante que saltó la borda de toda la institucionalidad pública de la nación y que se ha constituido en la parte débil del partido que recién ha celebrado, en uno de sus peores momentos, su 122 aniversario.
Lo que vino a poner la cereza al pastel fue la elección del fiscal general y el adjunto. Según la norma constitucional esos cargos deben elegirse con 86 votos, ninguna fuerza política los tenía, para lograrlo debían unirse Libre y el Partido Nacional, cuestión que no fue posible.
Algo estaba en camino, se inició el juicio en Nueva York del encausado Juan Orlando Hernández, durante los alegatos de testigos empezaron a salir detalles de la responsabilidad de JOH en el negocio del narcotráfico, adicionalmente empezaron a surgir nombres de políticos de toda la militancia partidista en el involucramiento de hechos similares al caso referido. Ese juicio fue el milagro que unió a los políticos; como por arte de magia, en una noche veraniega alguien propuso en una sola acción nominativa todos los cargos en la Fiscalía, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otros, la moción fue aprobada por más votos de los necesarios.
Las reglas del diálogo cambiaron; a los diputados los hicieron a un lado y la negociación la hicieron los políticos del tripartidismo, no importando si tenían cargos en la dirección partidaria o si tienen cuentas pendientes con la justicia. A los políticos les unen más sus amenazas que las necesidades de todo un pueblo. Todo está consumado.
