La llegada de los dos hospitales móviles ha desatado una tormenta en el ojo del huracán, luego de cruzar los siete mares de irregularidades en las que fueron adquiridos. «El hospitalazo» se convirtió en un escándalo de corrupción e impunidad que rebasó la vergüenza mundial, y aun así, las autoridades de la OPC negaron que este proceso fuera «barnizado» con algo de transparencia, justificando razones de seguridad al no permitir que medios de comunicación, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) fueran garantes de la apertura de los contenedores, para al menos saber si estos son nuevos o usados, o si vienen con todo el equipamiento que establecen los documentos de compras.
Pero esta gente sometida al poder central, asume que los rayos gamma iluminarán los escondrijos donde se mueve la corrupción. A lo mejor, es la nueva normalidad del protocolo de la impunidad que impide que los ciudadanos sepan qué viene y cómo viene el desembarque.
A su vez, treinta y nueve contenedores se encaminan desde Puerto Cortés a San Pedro Sula y otros treinta y nueve hasta Tegucigalpa, mismos que fueron adquiridos bajo un costo de L 375,000,000.00, más otro enorme presupuesto de trece contratos que el mismísimo Invest-H ha celebrado con varias empresas por conceptos de construcción y supervisión de obras donde serán instalados los famosos hospitales móviles; es decir, uno en los predios del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y otro en el predio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), cercano al Hospital Nacional del Tórax.
A todo esto, la crisis sanitaria se ahoga en la precariedad del sistema de salud y la gente ha empezado a armar su propio hospitalito, comenzando a comprar cilindros de oxígeno para salvar la vida de sus pacientes; entre tanto, los médicos en vista de la cantidad de pocos insumos han solicitado colaboración a la ciudadanía para que se les dote de material biomédico de protección en plena fase de aceleración de saqueos del dinero público, desatando sin piedad un foco de irregularidades, tanto que hasta ciertas organizaciones de la sociedad civil anunciaron su retiro como veedores ciudadanos de las compras realizadas por Invest-H, mientras el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) solicitó al Gobierno una auditoría e informe sobre el tema del atraco.
Por otro lado, el Congreso Nacional realizó una convocatoria a una sesión de interpelación sobre las compras —modalidad bastante elegante para aparentar un interés sobre la lucha contra la corrupción por vía virtual—. En cambio, la movilización de la ciudadanía y de diversos organismos, así como la reacción de algunos congresistas, desnudaron las condiciones de la carroña moral de funcionarios que son más mortíferos que el mismo COVID-19.
Finalmente, el CNA investigó y publicó sendos informes que provocó que el Ministerio Público anunciara que fueran escudriñadas las compras relacionadas a los hospitales móviles. De todas maneras, el barco llegó navegando en las turbias aguas de la estafa, misma que nunca logrará borrarse de la conciencia de una sociedad aniquilada, aturdida, agonizante y tendida en las calles con el amargo paladar de la muerte que oscurece las batas blancas que han resistido los embates de un arrasado sistema sanitario que contagia de terror cada hora las estadísticas miserables, mal anunciadas y mal calculadas por los voceros de la pandemia estatal.
El atraco del barco se dio «exitosamente»; mientras tanto, los buitres están esperando que baje la marea para empezar otro «negocio».
