La crisis democrática generada por la ambición desbordada de poder de Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua ha deteriorado el Estado de derecho y la institucionalidad, violando los derechos humanos y las libertades fundamentales de candidatos presidenciales y líderes políticos en oposición al partido del régimen FSLN (orteguismo), fracturando el sistema democrático e irrespetando los tratados, mandatos e instrumentos que fortalecen los principios, prácticas y cultura democrática entre los Estados de América; sin dudas, habrá repercusiones.
Un sabio y prudente demócrata, ya sea de izquierda o de derecha, y amante de la libertad, reconocerá a simple vista que en Nicaragua existe una dictadura en todas sus dimensiones, donde no existe separación de poderes, desaparecidos estos por la acumulación de poder personal de Ortega Saavedra, quien, mediante el férreo control de los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ejército, la Policía, componendas políticas y gobernando por decretos, alcanzó su valioso trofeo: la reelección indefinida.
De no suceder un impedimento extraordinario, en Nicaragua habrá elecciones de partido único, pues anuló la prestancia de los partidos políticos de oposición, y la existencia del Consejo Supremo Electoral y el proceso del sufragio lucirán una falsa democracia y una tragicomedia electoral.
Urgente es que los presos políticos sean liberados, no para participar en el proceso, sino para dar testimonio de las monstruosidades antidemocráticas del régimen de Ortega Saavedra.
La comunidad internacional tiene el deber ineludible y la responsabilidad moral de ayudar a salir a todos los ciudadanos en oposición política del hueco del terror dictatorial. El Gobierno de Ortega deberá asumir las consecuencias por socavar las bases democráticas, destruir el sistema de partidos políticos y aniquilar el sistema plural político, por la violación de los derechos humanos, violación a la libertad de expresión y de prensa, criminalizar la protesta política y pública y por la prisión de líderes políticos y su exilio.
Los gobiernos de los países de Francia, Reino Unido, Canadá, EE UU, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana firmaron una Declaración Conjunta manifestando: 1. Que Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de derecho, y 2. Resaltan que no hay condiciones mínimas para celebrarse comicios electorales el 7 de noviembre para que estos sean libres, transparentes y justos, por lo tanto, ponen en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones.
El Club de Madrid pide cero (0) financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega y aplicar la Carta Democrática Interamericana por la OEA en respuesta a la represión desatada contra la oposición política. También la ONU y la OEA han hecho sus esfuerzos en vano para enderezar lo torcido.
El comportamiento agresivo y cerrado de Daniel Ortega Saavedra es un reto para la gestión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del mundo democrático. Queda planteado.
Un sabio y prudente demócrata, ya sea de izquierda o de derecha, y amante de la libertad, reconocerá a simple vista que en Nicaragua existe una dictadura en todas sus dimensiones, donde no existe separación de poderes, desaparecidos estos por la acumulación de poder personal de Ortega Saavedra, quien, mediante el férreo control de los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ejército, la Policía, componendas políticas y gobernando por decretos, alcanzó su valioso trofeo: la reelección indefinida.
De no suceder un impedimento extraordinario, en Nicaragua habrá elecciones de partido único, pues anuló la prestancia de los partidos políticos de oposición, y la existencia del Consejo Supremo Electoral y el proceso del sufragio lucirán una falsa democracia y una tragicomedia electoral.
Urgente es que los presos políticos sean liberados, no para participar en el proceso, sino para dar testimonio de las monstruosidades antidemocráticas del régimen de Ortega Saavedra.
La comunidad internacional tiene el deber ineludible y la responsabilidad moral de ayudar a salir a todos los ciudadanos en oposición política del hueco del terror dictatorial. El Gobierno de Ortega deberá asumir las consecuencias por socavar las bases democráticas, destruir el sistema de partidos políticos y aniquilar el sistema plural político, por la violación de los derechos humanos, violación a la libertad de expresión y de prensa, criminalizar la protesta política y pública y por la prisión de líderes políticos y su exilio.
Los gobiernos de los países de Francia, Reino Unido, Canadá, EE UU, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana firmaron una Declaración Conjunta manifestando: 1. Que Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de derecho, y 2. Resaltan que no hay condiciones mínimas para celebrarse comicios electorales el 7 de noviembre para que estos sean libres, transparentes y justos, por lo tanto, ponen en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones.
El Club de Madrid pide cero (0) financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega y aplicar la Carta Democrática Interamericana por la OEA en respuesta a la represión desatada contra la oposición política. También la ONU y la OEA han hecho sus esfuerzos en vano para enderezar lo torcido.
El comportamiento agresivo y cerrado de Daniel Ortega Saavedra es un reto para la gestión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del mundo democrático. Queda planteado.
