La deuda pública total de la Administración Central ha crecido aceleradamente en los últimos años, pasando de un 46% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016 a una cifra de 59.6% del PIB en marzo de 2021.
Debo aclarar que el incremento aludido se produjo, fundamentalmente, como una secuela de la contracción económica experimentada en 2020, cuando, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el crecimiento real alcanzó un -9.5%.
Así, mientras en 2019 la relación entre deuda pública total y el PIB era tan solo de 48.6%, a finales de 2020 había alcanzado un 58.8%.
Es bastante normal que en tiempos de crisis económica el Estado tienda a endeudarse más de la cuenta, ya que es una de las pocas maneras de afrontar los gastos sin introducir nuevos impuestos.
Lo lamentable del endeudamiento gubernamental en épocas de recesión consiste en hacerlo para que se extravíe en el camino y sea absorbido por la corrupción y la burocracia. Cuando esto ocurre, no cabe duda de que el país se conduce al despeñadero.
Una regla saludable para que el endeudamiento en relación a la producción no crezca consiste en procurar que el porcentaje de aumento del mismo nunca supere la tasa de crecimiento nominal del PIB, ya que al no respetar este principio, el porcentaje de deuda en relación con el PIB se incrementará de forma continua.
Esta es una norma que a lo largo de los últimos diez años no se ha cumplido, por lo cual la relación aludida continúa escalando.
Otra buena regla consiste en que la proporción de la deuda no sobrepase un determinado porcentaje del PIB.
En este sentido debo recordar que hace algunos años las autoridades fiscales consideraban que el ratio deuda/PIB no debía superar el 40%; años después lo fijaron en 50%; y, en el último tiempo tuvieron que elevarlo hasta 55%.
Sin embargo, todo parece indicar que la Secretaría de Finanzas deberá modificar nuevamente la relación y establecerla en un 60%.
De continuar este camino, pronto estaremos en grandes aprietos como El Salvador y Costa Rica, con deudas/PIB de 89.4% y 67.8% respectivamente.
Una regla adicional es que el déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) no exceda del -1% del PIB, tal como ya lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Esta regla tampoco se ha logrado cumplir, ya que el déficit fiscal fue de -2.7% en 2018, un -3.7% en 2019, el -5.6% en 2020, y, se estima que alcanzará un -5.4% en 2021.
Recuperar el control de las finanzas públicas es una las obligaciones de las próximas autoridades.
