Sabemos quiénes son culpables: tomadores de decisiones, la mala política, sus barones y los de los poderes fácticos. No es por infortunio de origen desconocido que nuestros niños son desde ya excluidos de un estado de bienestar que posibilite el alcance de sus sueños. Los de todos. Porque vivir en un país con seguridad, justicia, salud y educación de calidad, más que sueños, son derechos, unos que deben ser resguardados por la universalidad que los sustenta. Ya iban excluidos, sin otro sino que el de la precarización de sus derechos inalienables y que la nación está obligada a garantizarles. Afianzada ahora esa exclusión con la problemática socioeconómica que por encima de la corrupción y de la de la sanitaria, específicas, nos tienen sojuzgados, hay que arrancarle las oportunidades a la adversidad. Sacudirse el atavismo de culpar a todo y a todos de lo que acontece cerrando los sentidos a la realidad de que se es corresponsable y que como tal habría que encontrar la forma de incidir en esa toma de decisiones para que sus encargados ya no lo hagan tan mal, para obligarlos a ser responsables, honrados y proactivos. Y procurar el concurso de todos, de los mejores, no solo de sus cómplices en sus manejos atrabiliarios. Desafortunados escandalosamente. Ahora cuando los datos alarman aún más, cuando nos reflejan como un país de ignorantes, ya, y peor para el futuro, cuando la educación pareciera no ser tan importante para el gobierno, para este y los anteriores. Porque ha resultado que, salvo pequeñas diferencias en el manejo mediático o la intensidad actual de las redes sociales, todos han sido iguales, incompetentes. Apátridas. Con la única preocupación de enriquecerse a cualquier costo y dar la impresión grata de lo que no son. Educación, salud, justicia y seguridad se nos van entre los dedos, como los migrantes por las fronteras huyendo de su país que les es extraño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salir corriendo con ellos? ¿Detrás de ellos? No. Aquí. Algo habrá que hacer.
