El impacto de la pandemia sobre la vida social de la población hondureña en su conjunto ha demostrado la necesidad de establecer procedimientos de adquisición de bienes y servicios en la crisis, ¡claro!, como se trata de una emergencia, las compras son directas y sin licitaciones —situación que contamina de corrupción y se propaga a niveles insospechados—.
En un mismo sentido, inhabilita todas las áreas comprometidas en dar respuestas integral en este caos donde la calamidad sanitaria es una isla rodeada de tiburones.
Es el momento de activar mecanismos de vigilancia social para evitar que este virus sea la coyuntura perfecta para que nuestro país se vea nuevamente golpeado por una segunda pandemia: la corrupción, ya que entre más manos se lavan, la condición es peor.
Solo en el sector salud de la región —el que está en la primera línea de defensa en este momento—, existe una precariedad y presencia de elevados índices en actos de corrupción, prueba de ello son las 35 líneas de investigación que presentó el CNA, desde el 2014 hasta la fecha, sumándose a ello, más de L 2,100 millones identificados como perjuicio económico al Estado, fondos que pudieron servir para la adquisición de al menos 100 mil respiradores artificiales para enfrentar la pandemia del coronavirus.
En el último mes, bajo el argumento de emergencia nacional se aprobaron más de L 16,000 millones para poder enfrentar la pandemia, situación que demuestra la poca planificación desde el Estado al momento de aprobar el Presupuesto General de la República y su poca inversión sanitaria.
Para rematar su inoperancia, según los médicos la compra de equipo no es el adecuado, además de lo expuesto, la instalación de un improvisado albergue para poner en cuarentena a sospechosos por el coronavirus es parte de las denuncias alrededor de la forma en la que el Gobierno de Honduras está afrontando la pandemia donde los casos positivos van en aumento.
La presidenta del Colegio Médico, Dra. Figueroa, alertó que la compra es equivocada porque no sirve para proporcionar asistencia mecánica ventilatoria, que es lo que se requiere para atender los casos que se compliquen por el virus.
Figueroa lamentó la errada decisión, por lo que pidió al Gobierno que no abra las cajas que contienen el equipo, pues lo mejor es que hagan la devolución y compren lo que verdaderamente se ocupa. Diferentes médicos han comentado que la compra corresponde a ventiladores portátiles que no sirven para pacientes en estado crítico.
En las últimas semanas el Gobierno ha aprobado más de 481 millones de dólares para compras y contrataciones directas, con el objetivo de “atender la emergencia”.
Asimismo, mediante una ley especial, el 13 de marzo aprobó 450 millones de dólares para la construcción de una red hospitalaria, evadiendo las licitaciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado, sobre esto, lo único que se ha “logrado” es la disposición de un salón dentro del complejo deportivo José Simón Azcona del Hoyo para convertirlo en un albergue, mismo que no reúne las condiciones sanitarias para ese propósito porque los casos por sospecha no necesariamente saldrán positivos todos, por lo tanto, las personas que no tengan el virus estarían expuestas a contraerlo en este lugar debido a la aglomeración.
En estas duras pruebas de calamidad mundial, las ganancias son positivas para el Gobierno, lo negativo le toca al pueblo.
