Después de más de treinta y cinco años de vigencia de la actual Constitución de la República, publicada en el diario oficial La Gaceta en enero de 1982, podemos decir que el pueblo hondureño ha empezado a tener una identidad constitucional.
La identidad de una Estado y sus ciudadanos, sus valores patrios, su historia como nación, se cimentan sobre el reconocimiento, respeto y la protección de ciertos valores y principios constitucionales que identifican un objetivo común del pueblo.
El artículo primero de la Constitución de la República lo resume muy bien así: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” ¿Qué queremos cambiar? La pregunta debe ser, mas bien. ¿Como cumplimos? Este corto, pero significativo artículo primero de la Constitución, entraña una profunda declaración de principios y objetivos que definen nuestra identidad constitucional. La protección de estos valores constitucionales debe ser un objetivo permanente de todo ciudadano, especialmente aquellos en quienes delegamos la función del servicio público.
La Constitución, que no tiene el mismo valor jurídico de una Ley, es el marco que define nuestra identidad como nación. Es, como lo es para un individuo, su nombre propio, su apellido, su familia, sus padres, hermanos, su religión, sus creencias y valores, en fin, su familia y patrimonio. Si a un individuo se le despoja de su identidad, entendiéndose como tal toda aquella estructura material, espiritual y filosófica que le define como persona, se convierte en un fantasma perdido en el espacio.
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Lo mismo ocurre con un Estado al cual se le irrespeta, violenta o despoja de su Constitución. En el caso de Honduras, a pesar de ser una nación relativamente joven, hemos tenido, contando la actual, quince Constituciones. Algunas de ellas de muy corta duración y esta que, aún a pesar de los constantes ataques de sus enemigos, ha subsistido ya por casi cuatro décadas, originando en la población una identidad constitucional que ha permitido ahora reclamar con civismo su vulneración.
La idea de volver a crear un nuevo texto constitucional, no debe ni puede ser una alternativa a los problemas que innegablemente tienen su raíz en el permanente irrespeto de individuos a las disposiciones constitucionales, haciendo prevalecer sus intereses personales por encima de los nacionales.
Han sido malos presidentes, malos magistrados, malos diputados y malos ciudadanos en general, quienes han atentado contra la Constitución actual en diversos momentos de la historia y son estos mismos ciudadanos quienes ahora proponen dar el golpe final a la Constitución y plantear su inconstitucional suplantación como una alternativa a sus propios desaciertos.
Son nuevos hombres y mujeres, con visión política y patriótica quienes harán que las cosas cambien. La solución es muy fácil. Elijamos magistrados independientes, con experiencia, sabiduría y competencia jurídica, diputados honestos, inteligentes y responsables, comprometidos con Honduras y no con sus partidos políticos y, presidentes respetuosos de la Constitución y las Leyes, estadistas comprometidos únicamente con el interés de la nación y conscientes de que, en el sistema republicano hay cosas, como la Constitución, que trascienden la importancia del ser humano individual.
No necesitamos una nueva Constitución. Quienes proponen esta alternativa nuevamente nos quieren engañar. Necesitamos respetar la majestad de la que tenemos y tener instituciones que, en caso que ocurra lo contrario, actúen en contra de quienes traicionen estos valores patrios con severidad e imparcialidad.
