Nuestra Constitución política establece que Honduras es un Estado de derecho, así mismo, que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. De la misma manera, nuestra carta magna garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, por lo tanto, no podemos desconocer que los hondureños (as) gozan de derechos de los cuales el Estado, en su conjunto, debe de observar en cada una de sus actuaciones de manera obligatoria, respetando el derecho interno y convenios internacionales de los que Honduras forma parte.
En ese orden de ideas, es de conocimiento en el pasado reciente que en la institución policial se creó una comisión depuradora, que más allá de hacer su trabajo de maneja objetiva, técnica y profesional , se enfrascaron en ir a tomar café con galletas al salón de reuniones de la Secretaría de Seguridad, cobrar jugosos viáticos y hacer viajes en primera clase a los Estados Unidos, alojándose en hoteles de lujo. ¡Gustos de millonarios!
Todo esto no es más que una burla al pueblo hondureño, gastándose sus impuestos justificando una depuración de primer nivel. Los famosos depuradores se olvidaron de la misión encomendada, dejando una evidente masacre laboral ilegítima, que no siguió el debido proceso, no se respetó la presunción de inocencia, sin la oportunidad de presentar los descargos respectivos, violentando el derecho al honor, sin contar con una investigación técnica- científica que respaldara sus decisiones, se dejaron llevar una vez más por listados y chismes de pasillo o, en otros casos, respondiendo a intereses políticos del momento, no les bastaba tanta barbarie que aparecían en los medios como “loros en guayabal”, sonándose el pecho como los ungidos del titular del Ejecutivo de turno, hoy huyen cobardemente de la opinión pública; una vez más le fallaron al pueblo.
