El anunciado incremento a las tarifas aeroportuarias se suma a otros antecedentes relacionados con el mal negocio que hizo el Estado hondureño al entregar en concesión el manejo de todos los aeropuertos internacionales del país y otras privatizaciones como la venta de las empresas cementeras o que no sea el SANAA el que maneje el suministro del agua potable como ocurre en San Pedro Sula.
Además del leonino contrato entre el Estado Hondureño y la empresa InterAirports o Aeropuertos Nacionales, que muy poco ha contribuido con el mejoramiento de los principales aeropuertos y más bien ha exhibido debilidades, también están los incumplimientos como los relacionados con la seguridad. En este campo, específicamente en el caso de las maletas a embarcar, también están de por medio las dudas sobre la legalidad de que las aerolíneas hayan firmado un contrato para inspeccionarlas con los mismos administradores de las terminales aeroportuarias.
Pero eso no es todo. El problema de la inseguridad en los aeropuertos, que queda al descubierto cuando, por ejemplo, desde Toncontín salen pasajeros con varias maletas llenas de dinero que posteriormente son descubiertas en puertos aéreos de otros países, alcanza una nueva dimensión cuando el Estado decide sustituir a la empresa concesionaria en esa función.
¿Qué pasa con los 2 dólares que pagan los usuarios de los aeropuertos por seguridad? Desde el momento que la empresa concesionaria deja de cumplir con esa responsabilidad, ese dinero debe pasar al Estado para que pueda cubrir los gastos en los que incurre para tal propósito.
El incremento en las tarifas aeroportuarias no solo mejora los ingresos de la empresa concesionaria por el deficiente servicio que presta, sino que aumenta el peso sobre las espaldas de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, restándole también capacidad competitiva a rubros tan importantes en la economía nacional como el turismo.
Es impostergable entonces que el Estado busque alternativas al actual statu quo al que se dejó arrastrar por la creencia de que las concesiones o entrega parcial a empresas privadas de labores que tradicionalmente le correspondían eran la panacea contra la corrupción y la ineptitud en el manejo de los asuntos públicos.
Pero más urgente aún es que recupere los recursos, como el de la tasa de seguridad aeroportuaria, y que revise minuciosamente los contratos existentes con la concesionaria a fin de reformarlos para un mayor beneficio para el Estado cuando sea el momento de la próxima renovación.
