El Ministerio Público (MP) iniciará una investigación orientada a confirmar responsabilidades penales en las que habrían incurrido directores de Policía por autorizar el registro de armas prohibidas en el país. El pasado viernes el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, presentó al Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) un informe del registro de 145 armas ilegales.
Cada uno de los miembros del Conasin tuvo acceso al listado de armas matriculadas ilegalmente.
Según el Conadeh, el registro de las armas fue autorizado por siete altos oficiales con rangos de comisionados, entre ellos el director de la Policía, Ricardo Ramírez del Cid, el exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Marco Tulio Palma, y el exdirector de Tránsito y de Servicios Especiales, René Maradiaga Panchamé.
En el caso de Ramírez del Cid, ha reaccionado negando la versión del Conadeh. Asegura que sus actuaciones se han enmarcado en la
legalidad.
En la reunión, Custodio mocionó para que el Conasin remitiera la denuncia a la Fiscalía General de la República para que la investigue y, de encontrar méritos, interponga acusaciones ante los tribunales. Al respecto, el MP espera la denuncia para proceder en materia penal.
Confirman publicación
Precisamente el fiscal general Luis Alberto Rubí estuvo presente en la reunión del Conasin, cuando Custodio dio a conocer la denuncia.
“Recibimos un comunicado que se conoció en Conasin, nos gustaría que (la denuncia) se formalizara para conocerlo en forma mas oficial”, expresó el fiscal general a
EL HERALDO.
Rubí aseguró que el Ministerio Público interpondrá acusaciones contra quienes resulten responsables de hechos tipificados como delitos.
“Nosotros somos un ente que respondemos ante las denuncias y si son constitutivas de delito obviamente damos el seguimiento y de existir una acción de carácter dolosa obviamente vamos a ejercer la acción penal”, garantizó Rubí.La investigación estará a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Se confirmará si hubo comisión de varios delitos, entre ellos abuso de autoridad, violación de deberes de los funcionarios y uso de influencia.
DIECP indaga
Por su parte, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), mediante un profundo análisis legal va a determinar si altos oficiales de la Policía Nacional que fungían en cargos de dirección cometieron alguna irregularidad al autorizar el registro de armas prohibidas en el país.
Eduardo Villanueva, titular de la DIECP, considera que “hay que hacer un profundo análisis legal para determinar cuál ha sido la responsabilidad de miembros prominentes de la carrera policial en el registro de armas que estaban prohibidas”.
Según Villanueva, eso implica “un estudio jurídico para determinar si realmente hay sustentación legal para tomar las acciones que establece la ley”.
El funcionario considera que la depuración de la Policía “no puede funcionar nunca si no está sustentada en la legalidad, tal y como lo ha dicho el presidente Porfirio Lobo en reiteradas ocasiones, y de esa manera es que se debe hacer el procedimiento”.
Al consultarle al director de la DIECP si conoce el informe que fue presentado por el Conadeh, ante los miembros del Conasin, sobre la participación de los altos oficiales para que se otorgaran permisos de armas prohibidas, aseguró que “ya conozco la información que fue enviada por el doctor Ramón Custodio López y sin duda es una información que requiere un análisis jurídico para determinar cuáles son las opciones que deben determinarse y esas son las acciones que nosotros estaremos haciendo en los próximos días”.
Documento
“Yo ya tengo en mis manos el documento y estoy cursándolo al Departamento Jurídico de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial para que haga el análisis y se determine si evidentemente no tenía sustentación jurídica el registro que se hizo de armas que estaban prohibidas en la legalidad en ese momento”, reiteró Eduardo Villanueva.
Al consultarle si conocía los nombres de los oficiales de Policía que se mencionan en el documentos y que participaron en la autorización de al menos 145 armas prohibidas, aseguró que “hay una mención de compatriotas en el ejercicio de actividades policiales y lo que hay que saber es si realmente las normas jurídicas vigentes en ese momento prohibían el registrar esas armas o había alguna laguna legal que permitiera hacer dicho trámite”.
Lo que hace falta es ver si los funcionarios policiales estaban autorizados o no para hacer esas inscripciones, prosiguió el titular de la DIECP.
“Si la ley no les permitía que se hicieran esos registros, se pudiera estimar la posibilidad de una figura legal donde tuviesen alguna responsabilidad”, explicó.
Reacción
Por su parte, el presidente Porfirio Lobo dijo ayer que espera que la Comisión de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial indague si los oficiales y exoficiales de la Policía ordenaron el registro de armas prohibidas en el Registro Nacional de Armas.
El titular del Poder Ejecutivo afirmó que únicamente conoce el informe elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, el cual establece que al menos 145 armas de asalto y de guerra, prohibidas en el país, fueron inscritas el año anterior.
El gobierno sostuvo que también espera que las autoridades del Ministerio Público tomen cartas en el asunto y logren establecer si los oficiales policiales autorizaron el registro de armas que están prohibidas en Honduras.
Consultado sobre los informes que sabe acerca del registro de estas armas, el gobernante respondió: “no más que lo que usted mismo señala, el informe del comisionado, lógicamente ahí tiene una Dirección de Investigación que seguramente va a tomar en sus manos el asunto, igual que la fiscalía actúa normal”.
Paradero de otro armamento sigue sin ser esclarecido
Tegucigalpa. Las armas de alto poder destructivo han dado de qué hablar en el país en los últimos meses.
Una cadena de hechos irregulares que desde 2010 vienen ocurriendo ponen en entredicho la seguridad nacional al desconocerse el paradero de varias armas de alto poder destructivo y que se suman a estas cuyo registro ha sido autorizado por directores de la Policía Nacional.
En este tema no solo la institución policial debe rendir cuentas. Las Fuerzas Armadas también le deben al pueblo hondureño una explicación sobre el paradero de varias armas.
La institución castrense confirmó la versión de EL HERALDO sobre el extravío de 22 RPG-7, capaces de destruir tanques y carros blindados.
Este potente arsenal desapareció en junio de 2010, cuando fueron extraídos del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (Calffaa).
Igualmente trascendió el extravío de parte de un lote de ak-47 que estaban en poder de las Fuerzas Armadas y que eran parte de otro lote que la población entregó en 2003, como parte de un programa de desarme general.
Según el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA), con fecha diciembre de 2007, la Policía Nacional entregó en calidad de depósito la cantidad de un mil seiscientos quince (1,615) fusiles AK-47, armas que se encuentran en los almacenes del CALFFAA.
Sin embargo, la Fiscalía asegura haber entregado alrededor de 3,000. Entonces, si el Ministerio Público sostiene que se recogieron unas 3,000 AK-47 en 2003 y las FF AA solo tienen 1,615, surge la siguiente interrogante: ¿dónde están las restantes 1,385 armas?, e igualmente surge el cuestionamiento: ¿dónde están las restantes?
Hasta la fecha, ni la Fiscalía del Ministerio Público, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional han podido dar explicaciones del paradero de las armas extraviadas y, mucho menos, han podido dar detalles del avance de las investigaciones de los casos.