Honduras

Unidad especial investigará delitos electorales en Honduras

El MP se declaró en estado de alerta ante las denuncias de financiamiento de campañas políticas por parte de narcotraficantes y corruptos, por lo cual podría deducir responsabilidades.

07.04.2014

El Ministerio Público (MP) promete conducir una objetiva investigación y dar respuesta a denuncias de delitos electorales y narcofinanciamiento de algunas campañas políticas.

Días atrás, el precandidato Liberal, Mauricio Villeda y el designado presidencial, Víctor Hugo Barnica, aseveró que hay narcotraficantes financiando campañas.

El padre Fausto Milla también denunció que reconocidos narcotraficantes y corruptos están en las planillas de Libertad y Refundación (Libre).

El precandidato nacionalista Fernando Anduray formalizó una solicitud a las autoridades del MP para esclarecer estas denuncias.

Asimismo, el abogado Fredín Fúnez peticionó esclarecer una denuncia del pastor Evelio Reyes sobre un posible boicot electoral.

A esta se suman el manoseo al calendario electoral autorizado por el Congreso Nacional y el traslado irregular de miles de electores, sustentado por el Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas.

Estas denuncias serán investigadas por el MP, por lo que se valora crear una unidad especializada para ese propósito.

“Esta es una situación que estamos analizando por la intensidad que será el proceso electoral que se avecina y el que viene, estamos reuniendo a un grupo de fiscales, porque es una rama especializada y crearíamos provisionalmente una fiscalía que conociera de asuntos estrictamente electorales”, anunció el fiscal.

En primera instancia el MP investiga violaciones a la ley por los traslados irregulares de electores, afirmó Rubí.

Lavado de activos

Asimismo, Rubí advirtió a los partidos políticos que la Fiscalía contra el Crimen Organizado podría acusar por lavado de activos y la de privación de dominio e incautar bienes que no justifiquen.

“A quienes se encuentren financiando campañas y al final no se puedan justificar esos fondos, se exponen a ser acusados por el delito de lavado de activos, que contempla una pena de 15 a 20 años de reclusión; y la de Privación de Dominio, que significa que pueden perder todas sus propiedades que no logren justificar su procedencia.