Tegucigalpa, Honduras.-A medida que se acerca el proceso electoral del 30 de noviembre, crecen las advertencias de sectores sociales, empresariales y de la sociedad civil que piden a la clase política detener la confrontación y centrarse en asegurar unas elecciones transparentes, pacíficas y legítimas.
El tono del debate nacional ha pasado de la discusión de propuestas a una guerra de acusaciones y maniobras institucionales.
El Congreso Nacional, el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral y las propias fuerzas políticas parecen atrapados en un espiral de enfrentamiento que amenaza con poner en entredicho la credibilidad del proceso democrático en curso.
El ambiente político, advierten los analistas, se deteriora a medida que los liderazgos prefieren el conflicto a los consensos, debilitando aún más la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, expresó su preocupación por el conflicto institucional que empaña la etapa previa a los comicios.
“Estamos muy preocupados, creo que al igual que la mayoría de la población hondureña. A 36 días del proceso electoral, nuevamente los órganos electorales entran en conflicto, una situación lamentable que genera mucha incertidumbre”, afirmó Hernández.
La ASJ, a través de su Instituto de la Justicia, presentó el estudio Termómetro Electoral, que revela que el 75 % de los hondureños —tres de cada cuatro— afirma tener poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Nuestra expectativa era que la institucionalidad, a partir de estos datos, hiciera un esfuerzo para recuperar la legitimidad del pueblo hondureño, para que pudiera acudir masivamente a las urnas con la confianza de que las instituciones responden a los intereses de la nación y no a intereses particulares”, agregó Hernández.
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, subrayó que la prioridad nacional debe ser garantizar el proceso electoral y motivar la participación ciudadana.
“Ahorita tenemos que enfocarnos todos en el proceso electoral. Todos los hondureños queremos participar y pedimos a los políticos y a los encargados de los entes electorales que no construyamos para dividir más al país”, declaró.
Gallardo recordó que el país necesita estabilidad y no más confrontación, advirtiendo que el clima de incertidumbre ahuyenta la inversión y retrasa el desarrollo económico.
Asimismo, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) coincidió en que el panorama actual exige transparencia real y no solo declaraciones públicas.
“No se puede permitir que las elecciones más importantes de nuestra historia reciente se desarrollen bajo incertidumbre y desconfianza. La transparencia no se proclama, se demuestra con acciones”, afirmó.
La comunidad internacional, por su parte, se sumó al llamado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reafirmó su compromiso de “promover elecciones transparentes, pacíficas y libres de violencia política y de género.”
Ratas y cucarachas
Uno de los poderes del Estado más afectados por la crisis política es el Congreso Nacional, que lleva más de dos meses paralizado.
La falta de convocatoria por parte del presidente legislativo, Luis Redondo, ha profundizado el malestar entre las bancadas opositoras, que acusan al oficialismo de bloquear el funcionamiento del Legislativo para evitar la discusión de temas clave.
Esta semana, Redondo ordenó fumigar el edificio “para eliminar ratas y cucarachas”, lo que fue interpretado como una excusa para evitar sesionar y prolongar la parálisis parlamentaria.
“El Congreso no puede seguir detenido mientras el país vive una situación de incertidumbre. Si el presidente Redondo no convoca, lo haremos nosotros”, advirtió la diputada liberal Maribel Espinoza.
Ante el bloqueo, más de 70 parlamentarios de oposición —de los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras (PSH)— se autoconvocaron para el martes próximo, amparados en el artículo 191 de la Constitución de la República, que permite a cinco o más diputados llamar a sesión.
El documento fue firmado por Espinoza, Iroshka Elvir, Suyapa Figueroa, Carlos Umaña y Fátima Mena, y busca extender el período legislativo, que vence el 31 de octubre.
Analistas advierten que la prolongada parálisis del Congreso debilita la institucionalidad democrática y socava la gobernabilidad, en un momento en que el país necesita señales de estabilidad para garantizar unas elecciones creíbles.
Escuchas telefónicas a la oposición
A la tensión política se suma una nueva controversia: acusaciones de espionaje telefónico y violación a la privacidad que involucran a un consejero del CNE, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones.
El consejero Marlon Ochoa compareció ante el Ministerio Público para entregar un dispositivo USB que, según él, contiene audios que implican en presuntos actos ilícitos a una de sus compañeras consejeras y a un jefe de bancada de un partido tradicional.
La acción ha desatado una ola de cuestionamientos legales y éticos sobre el origen de las grabaciones y el posible uso de espionaje político como herramienta de presión.
“La situación del espionaje telefónico es preocupante porque se vulnera la privacidad y se crea un clima de intimidación en plena etapa electoral”, advirtió Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh).
Maldonado sostuvo que este tipo de acciones distraen la atención pública y aumentan la desconfianza en las instituciones electorales.
“En lugar de fortalecer el proceso, lo están contaminando. Esto no hace más que darle dilatoria a la incertidumbre electoral”, dijo.
Juristas consultados también cuestionaron la legalidad de las grabaciones. El abogado penalista Leonel Núñez advirtió que si los audios fueron obtenidos sin orden judicial, constituyen una prueba ilícita y sin valor legal.
“Para intervenir una llamada telefónica debe existir una orden judicial. Si no la hay, se está cometiendo un delito grave”, explicó.
La diputada liberal Maribel Espinoza coincidió: “Si se han grabado comunicaciones sin orden judicial, eso es un delito. Lo que buscan es distraer de lo fundamental: el pueblo quiere elecciones el 30 de noviembre, les guste o no les guste”
