Tegucigalpa, Honduras.– A menos de 24 horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara por unanimidad la adjudicación del contrato de transporte electoral a la empresa Gold Rent a Car, valorado en más de 70 millones de lempiras, la firma Junior H presentó este lunes una impugnación formal contra dicha decisión.
El recurso fue interpuesto por el representante legal de Junior H, Luis Pineda, quien solicitó al ente electoral revisar el fallo de la licitación.
En su escrito, Pineda argumenta que el representante de la empresa ganadora mantiene un proceso abierto ante el Ministerio Público, situación que —según expone— debería ser considerada al momento de validar la adjudicación.
En el documento, Junior H plantea que este antecedente debería ser suficiente para que el CNE revise la idoneidad del oferente seleccionado, tomando en cuenta que el transporte de material electoral es una actividad considerada crítica dentro del engranaje operativo de un proceso nacional.
La empresa sostiene que cualquier factor que pueda comprometer la transparencia o la integridad del servicio debe ser evaluado con rigor.
La impugnación detalla que el proceso de licitación debe garantizar condiciones de igualdad entre todos los participantes, así como el cumplimiento estricto de los requisitos legales, administrativos y técnicos.
Desde la perspectiva del recurrente, la existencia de un proceso penal contra un representante de la empresa adjudicada coloca en duda el cumplimiento de esos parámetros.
Pineda también enfatizó en su presentación que el CNE tiene la obligación de velar por la confianza pública en los procedimientos electorales, especialmente cuando se trata de contratos de alto impacto financiero y operativo. En ese sentido, solicitó que la adjudicación sea sometida a revisión inmediata y que se evalúe si la empresa seleccionada mantiene las condiciones necesarias para asumir un contrato de esta naturaleza.
El escrito remarca que Junior H participó en la licitación cumpliendo con los lineamientos establecidos y que la impugnación no busca entorpecer el cronograma electoral, sino asegurar que las decisiones administrativas se adopten bajo criterios de legalidad y transparencia. De acuerdo con la empresa, la revisión del proceso contribuiría a fortalecer la credibilidad institucional.
El recurso interpuesto obliga al CNE a abrir un expediente de análisis conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de reclamos. Esto implica revisar los señalamientos, verificar la información y emitir una resolución que determine si la adjudicación se mantiene o si procede alguna acción administrativa adicional.
Aunque el documento no solicita la anulación inmediata del fallo, sí plantea que cualquier decisión tomada sin considerar la situación legal señalada podría exponer al órgano electoral a cuestionamientos posteriores. Por ello, insiste en que el análisis debe realizarse antes de que la adjudicación entre en la fase de ejecución contractual.
La impugnación llega en un momento en el que el CNE se encuentra bajo presión para cumplir con los plazos de contratación de servicios esenciales para las elecciones generales. El transporte de las maletas electorales —una de las tareas más sensibles del proceso— requiere coordinación logística y seguridad, por lo que la adjudicación del contrato es considerada un punto clave del calendario.
A contrarreloj, el CNE deberá definir en las próximas horas si el escrito será o no admitido, debido a que el jueves deberá iniciar con el despacho del material electoral.
