Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), presentó a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), el informe “Legitimidad de las elecciones primarias Honduras 2025”, donde establece que a partir de la convocatoria el 8 de septiembre de 2024 al 31 de marzo de 2025, ocurrieron 307 conflictos y 79 casos de violencia en el que los protagonistas fueron diversos actores políticos.
El documento presenta a través de una línea de tiempo, los acontecimientos y estadísticas sobre la conflictividad y violencia política registradas a partir de la convocatoria a elecciones primarias que se celebraron el pasado 9 de marzo.
El informe detalla que, en el 34.7 por ciento de los conflictos los afectados fueron mujeres y el 27.8 por ciento de los casos de violencia política, las víctimas también eran mujeres.
Los datos evidencian el vínculo directo entre desigualdad de género, violencia de género y violencia hacia las mujeres en política.
El IUDPAS compartió los resultados de monitoreo, como herramienta de investigación, con el objetivo de contribuir a la comprensión del impacto de las dinámicas políticas, conflictivas y violentas en la legitimidad del proceso electoral, para la toma de decisiones, que garanticen la integridad de los procesos electorales.
A través del informe establecen que las nuevas dinámicas políticas del país demandan reformas urgentes en el marco normativo que respondan a la legalidad y legitimidad del sistema político, de partidos y electoral, como solución para despolitizar las instancias electorales, garantizar transparencia, asegurar pluralismo y respeto entre los actores políticos, independencia de poderes y desmilitarizar el proceso.
Además que el reto es “restaurar la confianza e integridad y que la ciudadanía sienta que su voto cuenta”.
En relación al financiamiento de los procesos electorales, recomienda que “debe provenir del patrimonio de cada partido político”.
Detallan que los comicios recientes de las elecciones primarias 2025, “son los más costosos de la historia democrática de Honduras, al sumar más de dos mil millones de lempiras, de los cuales, el 22.7 por ciento estaban destinados para estándares de seguridad informáticos, el 4.1 por ciento para que las Fuerzas Armadas cumplieran con el mandato constitucional de custodia, transporte y vigilancia del material electoral y el 1.9 por ciento se aprobó para el Tribunal de Justicia Electoral.
Recuerdan que las elecciones primarias e internas celebradas en Honduras desde 1989, representan un despliegue de medios y recursos cercanos a los invertidos en las contiendas generales.
Ante esa situación se preguntan: ¿Qué gana Honduras con las elecciones primarias? por lo que consideran que “es imperativo que los candidatos rindan cuentas y se hagan efectivas las sanciones establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, para evitar que lleguen comprometidos o señalados por el financiamiento del crimen organizado en las campañas y el ejercicio de sus funciones”.
El compendio legal e institucional para controlar ingresos y gastos de partidos y candidaturas generó un efecto disuasivo y preventivo en los gastos de campaña, no obstante, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, hizo un llamado urgente a precandidatos para la apertura de cuentas dado que, a 12 días de los comicios, solo el 21 por ciento de aspirantes habían cumplido con el requisito y las multas ascenderían hasta dos mil millones de lempiras, casi el monto total del costo de las primarias de 2025.
En cuanto a la gravedad de los problemas ocurridos el día de las elecciones derivó en el incumplimiento de los derechos constitucionales de los hondureños, específicamente, el derecho al sufragio.
Respecto a los incidentes de violencia entre electores, miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), candidatos y la militancia de otros partidos políticos, el informe establece que “se intensificó, generando un clima de tensión y desconfianza en varios puntos del país, poniendo en riesgo la legitimidad de este proceso electoral y la confianza en el sistema democrático”.
“El CNE, Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, están en la obligación de garantizar para las elecciones generales, un proceso apegado a la legalidad y que responda a la soberanía del pueblo”, destaca el informe del IUDPAS.
Asimismo, recomienda que de sebe fortalecer la participación política de las mujeres por lo que el Congreso Nacional debe incluir en su agenda la aprobación de la Ley Contra la Violencia Política hacia las Mujeres, como un instrumento que derribe la barrera que las mantiene en desventaja con relación a los hombres y las reconozca como sujetas políticas, pues existe un vínculo directo entre desigualdad de género, violencia de género y violencia hacia las mujeres en política.
