Tegucigalpa, Honduras-. A partir de este martes 8 de marzo, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice la declaratoria oficial de las polémicas elecciones primarias, la democracia hondureña entrará en un periodo de 8 meses de incertidumbre y desafíos de cara a las elecciones generales el 30 de noviembre.

El ambiente electoral entró en un estado de tensión desde el 9 de marzo, cuando los militares —responsables del traslado, custodia y seguridad de las maletas electorales y kit tecnológicos, según el artículo 272 constitucional— con empleados del CNE y empresas contratadas por el órgano electoral no cumplieron con la distribución de maletas, principalmente en Cortés y Francisco Morazán.

De acuerdo con German Lobo, exmiembro del CNE, una vez que se dé la declaratoria de las primarias se habrá superado un paso (la declaratoria oficial se debe realizar el 8 de abril, según la normativa), pero también es la oportunidad de afrontar los errores y generar confianza en la población.

En caso de que Marlon Ochoa, consejero del CNE por parte de Libertad y Refundación (Libre), no quiera firmar la declaratoria, la Ley Electoral ya establece que las decisiones se toman de manera colegiada, por mayoría o por unanimidad.

Así que “Marlon tendrá que firmarla porque ahí va también lo de Libre (Libertad y Refundación). No le queda otro camino”, puntualizó Lobo.

A partir del 9 de marzo, cada partido político tendrá que ajustar su propia estrategia para enfrentar las generales, buscar simpatía o el acompañamiento de la mayoría de los ciudadanos.

Por otro lado, el CNE de inmediato debe empezar a planificar el cronograma electoral de las generales, elaborar el presupuesto y mandarlo al Congreso Nacional, porque el 30 de mayo es la convocatoria a elecciones generales.

"Una vez realizada la convocatoria el CNE tiene que proceder a integrar el Consejo Consultivo para que le sirva de apoyo, ya que esta instancia tiene la representación de todos los partidos políticos", explicó Lobo.

Asimismo, dijo que la ciudadanía tiene que acompañar al órgano electoral en toda su actividad para que el pueblo no vaya a ser sorprendido, como lo fue el 9 de marzo. "Se tiene que trabajar por una credibilidad y la transparencia del nuevo proceso electoral", solicitó.

El experto se refirió al caótico proceso electoral, en el que Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), responsabilizó a las autoridades de CNE, mientras que las consejales Cossette López y Ana Paola Hall señalaron a los uniformados. El tercer consejal, Marlon Ochoa, defendió con vehemencia a los militares.

El clima electoral se tensó más cuando Hernández llegó a una reunión con el pleno del CNE con todas las motorizadas de la Policía Militar y rodeó el sitio donde se llevaría a cargo la reunión. Esta acción fue calificada de intimidación.

Según denunció López, el jefe de las Fuerzas Armadas ingresó con su grupo de oficiales subalternos al lugar de la cita y con su conocida actitud arrogante le faltó el respeto. Además públicamente y de manera abusiva le exigió retirar un post X.

La publicación señalaba al alto mando militar de reunirse con Manuel Zelaya Rosales y Rixi Moncada —candidata oficialista y actualmente ministra de la Secretaría de Defensa— para cambiar los informes de las inspectorías del Ejercito y del Estado Mayor, en lo que se señalaba con nombre y apellido a los militares involucrados en la caótica entrega de material electoral.

Al mismo tiempo, las investigaciones de la Fiscalía de Delitos Electorales, como era su responsabilidad, vinieron a meterle más leña a la piara, pues comenzaron a interrogar a militares, transportistas y citó para después del 8 de marzo a los tres miembros del CNE.

Del resultado de las indagaciones, la Fiscalía presentó requerimiento contra empleados del ente electoral y de la empresa de transporte, pero solo citó a los militares a declarar. El expediente en la Fiscalía sigue abierto y la sociedad continúa expectante viendo hacia donde se inclina la justicia.

Esta situación deja temor en la población de un boicot en los comicios generales, pero Lobo no cree que las Fuerzas Armadas “se vayan a prestar al juego de 'Mel' (Manuel Zelaya Rosales). No creo que se vayan a acomodar a proteger un determinado grupo o una determinada familia política”.

Lobo lamentó el papel del jefe de las Fuerzas Armadas, afirmando que "el señor está jugando a la política, algo le han ofrecido porque en los últimos periodos se ha acostumbrado que una vez que salen del cargo se nombran de ministros, embajadores y eso lo que anda buscando; lastimosamente se está llevando de encuentro a una institución que ha gozado de respeto, ero digamos que es una sola persona y ojalá que no haya dañado la institucionalidad”.

Además, hizo un llamado al CNE para "abrir el proceso de observación de los organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Comunidad Económica Europea, para que estén al tanto de cómo se desarrollan todas las actividades de cara a las elecciones generales", como una estrategia para promulgar la transparencia y que cada institución se apegue a lo que dice la normativa.

A más tardar 30 días de la declaración de los comicios primarios, el órgano electoral debe proceder —según el artículo 207 de su ley— a la disolución de los movimientos internos de los partidos políticos, sin perjuicio del resultado de las impugnaciones que estén pendientes de resolución.

El artículo 211 de la Ley Electoral establece que las elecciones generales se deben realizar "el último domingo de noviembre del año anterior a aquel en que finaliza el período de gobierno respectivo".

Le corresponde al CNE convocar a la ciudadanía para la práctica de las elecciones generales seis meses antes de la fecha de su realización, en este caso el 30 de mayo de 2025.

Tras la convocatoria, el ente electoral debe proceder a la inscripción de los candidatos de los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes que reúnan los requisitos legales.

Igualmente debe regular la actividad política de los partidos con el propósito de fortalecer su organización, capacitarlos, dar a conocer por cualquier medio su declaración de principios y programas de acción política, así como para fortalecer los procesos de fomento a los principios y valores cívicos y democráticos.

Estas actividades pueden realizarse sin permiso previo en locales, sitios y bienes cerrados de propiedad privada, no obstante, la normativa pide que no se altere el orden público, emplearse o permitir el ejercicio de la violencia, dañar la imagen, el nombre, el honor y la intimidad personal y familiar.

Asimismo, el CNE debe vigilar que no se utilicen los medios de comunicación del Estado con fines de propaganda electoral, que los funcionarios y empleados públicos asistan a reuniones de carácter político durante los días y horas hábiles.

También debe supervisar que no realicen actos de proselitismo político al interior de la institución estatal donde labora y que no utilicen la autoridad, medios e influencias de sus cargos para favorecer a personas y partidos políticos, movimientos, alianzas o candidaturas.

Al CNE le corresponde vigilar que los actos del partido de gobierno no se utilicen para hacer propaganda de cualquier tipo, así como el uso recursos financieros o bienes del Estado para el mismo propósito.

La normativa indica que 60 días anteriores a la fecha de las elecciones generales y primarias, quedan suspendidos los actos de inauguración de obras públicas y su difusión en medios de comunicación.

El general retirado y analista político Luis Alonso Maldonado Galeas, criticó el gasto de 2,000 millones de lempiras en unas elecciones primarias que las deberían financiar los partidos políticos y más cuando los resultados vistos muestran contradicción respecto al efecto esperado.

Tras valorar todo el proceso que se sigue para llegar a estos comicios primarias y cómo los políticos involucran la institucionalidad, Maldonado ve difícil que se logren elecciones honestas, transparentes, cuando la institucionalidad no asume el rol que le corresponde.

"El CNE y Fuerzas Armadas son prácticamente los factores claves. No se trata de una subordinación institucional de parte de las Fuerzas Armadas al Consejo Nacional Electoral, se trata de poner a disposición recursos militares para coadyuvar al esfuerzo integral de ambas instituciones", consideró.

“Ninguna de las dos instituciones cumplió a cabalidad el mandato constitucional y legal correspondiente. ¿Y por qué no lo cumplieron? Por la falta de coordinación interinstitucional, por la falta de asumir adecuadamente las facultades, las acciones que cada una de ellas tiene", lamentó.

Dentro del CNE, hay protagonismos particulares en torno a su representatividad partidaria. “En ningún momento nosotros vimos el comportamiento consensuado al interior de los tres consejales, sino que se caracterizó por las posturas unilaterales en la defensa de intereses partidarios”, señaló.

El general retirado aseguró que los comicios primarios dejaron grandes lecciones, sobre todo porque “las Fuerzas Armadas perdieron su actitud de ser ponderada en términos del discurso, de las acciones que deben de tomarse cuando hay un problema y que requiere una toma de decisiones institucional. Y se recurrió a la expresión verbal acusadora en algún momento y excusándose en razón de culpar a la otra institución”.

Recomendó que para enfrentar las elecciones generales se realice una evaluación desde todos los ángulos: el cumplimiento de la Constitución, la ley, la asignación presupuestaria y los procedimientos administrativos.

"También debe ponérsele atención a la normativa interna que regula el comportamiento institucional en la ejecución de la misión de tal manera de que se respeten las funciones y los roles”, sugirió.

El militar en condición de retiro dijo que desafío más grande es superar las contradicciones, los malos entendidos y la falta de una normativa que regule cada institución. También se refirió a la planificación en tiempo oportuno.

"Que los plazos de cumplimiento den márgenes de tiempo para abrir la votación. Como mínimo de 24 a 48 horas, que el material electoral ya esté en su destino antes de abrirse la votación el día 30 de noviembre", recomendó.

Ante la incertidumbre de que se este tramando un complot para evitar llegar a las generales, Maldonado recordó que el jefe del Estado Mayor Conjunto ha manifestado de que habrá elecciones generales. Y le corresponde a las Fuerzas Armadas constitucionalmente garantizar el ejercicio de libre sufragio.

"Cualquier otra variable de los poderes del Estado o de otra naturaleza deben de impedirlo y garantizarlo. Los partidos políticos deben de dar esa muestra de civismo, de patriotismo, de compromiso y también pesa el papel de la ciudadanía. Tenemos que tomar las lecciones aprendidas de tantos años y reconocer que la ciudadanía es el verdadero poder, el pueblo”, reflexionó.

Para el defensor de derechos humanos Andrés Pavón, tras los comicios primarios el Consejo Nacional Electoral debe empezar a prepararse para las generales según manda la ley, pero también estando alerta un posible boicot en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Sin duda que “si los números en las elecciones internas no le favorecen, el partido en el poder tiene otras opciones que las irá sacando poco a poco”, aseguró.

"Ellos pudieran aspirar a las consultas populares que ya tienen establecidas, incluso dentro de los estatutos del mismos del partido. Podrían querer imponer una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que podría ser conjuntamente con las fuerzas políticas tradicionales”, detalló.

Otra opción en la mira es apostarle a un rompimiento abrupto del orden constitucional, o sea, a través de un quebrantamiento de las Fuerzas Armadas, usando el dinero de los contribuyentes para que apoye una Asamblea Nacional Constituyente. "Esos ambientes se crían en la medida de las ambiciones de poder. Tendremos menos de ocho meses críticos”, sostuvo Pavón.

Él consideró que las autoridades del CNE deben trabajar de manera acelerada en la preparación de los comicios generales, guiándose por la ley y buscando el respaldo de la sociedad civil y de la comunidad internacional en la defensa permanente de la democracia hondureña.

Maldonado, por su parte, analizó que "una Asamblea Nacional Constituyente no se origina por el antojo de un trasnochado, de alguien que pretende alcanzar un objetivo político en particular desde una visión partidaria. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en la Democracia es una respuesta a una aspiración nacional”.

Consideró que si los hondureños expresan esa necesidad, entonces los órganos del Estado responden a ella y en su nombre la convocan. En el año 2009, cuando se dio el golpe de Estado, eso no obedeció a una voluntad del pueblo, obedeció a un "capricho y a una aspiración continuista del presidente de turno".

Si las Fuerza Armadas o los líderes que tiene, en este caso, el jefe de Estado Mayor Conjunto, con un acompañamiento de la Junta de Comandantes se presta para estos caprichos, "esto sería un suicidio personal, seguido de un suicidio institucional. Las Fuerzas Armadas son democráticas, lo marca la Constitución. Cualquier alteración a todo eso tiene que haber reacciones”.

A su criterio, es “más bien un alineamiento personalizado, más que institucional de las Fuerzas Armadas a este proyecto político, entonces las Fuerzas Armadas reaccionarían y tomarían las acciones pertinentes para que Honduras no caiga en una situación de alto riesgo por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, desde una visión bastante partidaria y con mucho riesgo”.