Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de reconocidos juristas hondureños presentó este lunes un análisis en el que advierte una crisis institucional que, según su evaluación, afecta el funcionamiento de órganos clave del Estado y pone en riesgo el desarrollo democrático del país.
El documento, elaborado por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; las exfiscales Sandra Ponce y Danelia Ferrera; los exjueces Marcelo Castañeda y Félix Ávila; y los abogados Kenneth Madrid, Nelson Castañeda, Ruth Lafosse y Juan Carlos Pérez Cadalso, señala que el proceso electoral se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones institucionales.
La opinión jurídica sobre la legalidad y los riesgos institucionales del proceso electoral de cara a las elecciones generales advierte que la concentración de poder deteriora el sistema democrático.
Según el documento, esta situación combina el cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público, la omisión del Poder Judicial y la expansión militar del Ejecutivo.
Estos factores, de acuerdo con el análisis, han provocado una ruptura constitucional de carácter material, afectando el equilibrio democrático y vulnerando el Estado de derecho, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por el país, con riesgos de regresión autoritaria.
La abogada Ruth Lafosse señaló que el grupo de juristas se reunió para advertir sobre el riesgo que enfrenta la democracia.
“Solo siendo libres, demócratas, solo garantizando el equilibrio de poderes y la separación de poderes y garantizando los controles constitucionales podemos lograr al final que el 30 de noviembre tengamos la libertad de ejercer el voto ciudadano”, expresó.
El análisis también menciona denuncias de interferencia en los órganos electorales y acciones estatales cuestionadas por distintos sectores sociales, lo que incrementa la preocupación sobre la integridad y legitimidad de las elecciones en curso.
La postura fue reforzada por el abogado Kenneth Madrid, quien afirmó que el documento surge ante el clima de conflictividad que rodea el proceso electoral.
“Durante todo este año ha enfrentado una serie de crisis constitucionales, le llamamos estructurales, porque obviamente tienen que ver los órganos establecidos en la Constitución, sectores, no solo del proceso electoral, sino también de un proceso legislativo”, manifestó.
Cuestionamientos
Los juristas señalan que distintas instituciones han experimentado desviaciones en sus funciones constitucionales, entre ellas el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y los órganos electorales, cuya actuación —afirman— debe apegarse a los principios de autonomía, objetividad y legalidad.
El análisis cuestiona el estancamiento legislativo, la instalación irregular de una comisión permanente y la falta de resoluciones judiciales sobre recursos vinculados al estado de excepción.
Asimismo, señalan investigaciones y actuaciones del Ministerio Público que, a su criterio, interfieren en temas electorales, además de la exigencia de documentos electorales por parte de las Fuerzas Armadas fuera de sus competencias constitucionales.
Según los expertos, estas situaciones se combinan con un estado de excepción prolongado desde 2022, lo que ha provocado restricciones continuas a derechos fundamentales sin el debido control legislativo. Aseguran que esta condición incide en el ambiente previo a las elecciones programadas para noviembre de 2025.
Recomendaciones para restablecer el orden constitucional
La opinión jurídica recomienda restablecer el funcionamiento regular del Congreso Nacional, garantizar la independencia de los órganos electorales, limitar la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial a los parámetros constitucionales, y reforzar la separación de poderes.
Asimismo, sugiere solicitar acompañamiento técnico internacional para asegurar transparencia y vigilancia durante el proceso electoral.
Los expertos concluyen que la recuperación del equilibrio institucional es indispensable para preservar la democracia y asegurar elecciones libres y auténticas en Honduras.
Además, recomiendan al Estado hondureño solicitar observación y acompañamiento técnico internacional, incluida una auditoría independiente sobre el uso del estado de excepción desde 2022, así como mecanismos de observación continua por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
Los juristas concluyeron que solo mediante el restablecimiento del equilibrio entre poderes, el respeto a las garantías constitucionales y la sujeción de todas las instituciones a la ley, Honduras podrá preservar su democracia y garantizar la realización de elecciones libres y auténticas.
