Tegucigalpa, Honduras.-El proceso de antejuicio es un mecanismo legal que busca determinar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación o acción penal contra funcionarios que gozan de inmunidad. En el caso de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el procedimiento presenta particularidades debido a la naturaleza del órgano, que aunque tiene funciones jurisdiccionales, no forma parte del Poder Judicial.
La exjueza de Sentencia, Alina Aguilera, explica que cuando el Ministerio Público interpone una acción de antejuicio, esta debe ser conocida por la autoridad competente, lo que en principio corresponde al jefe inmediato superior. Sin embargo, dado que el TJE no se encuentra bajo la estructura del Poder Judicial, el proceso se traslada a una sala especial designada para conocer del caso.
“Ya se nombró una sala para que se pronuncie; son tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que van a tomar una determinación, si lo declaran con lugar, sin lugar, o si se le da trámite o no”, detalló Aguilera.
En caso de que alguna de las partes se sienta agraviada por la resolución, puede interponer un recurso de apelación, el cual debe ser conocido por magistrados distintos a los que emitieron la decisión inicial. “La apelación deberá ser conocida por otros magistrados diferentes, y como se trata de la Suprema, deberá pasar a pleno, en ausencia de los que ya emitieron su resolución”, añadió la exjueza.
Las resoluciones, según Aguilera, pueden emitirse por unanimidad o por simple mayoría, pudiendo incluir votos disidentes o concurrentes. Este principio garantiza la transparencia del proceso y permite registrar diferentes posturas dentro del tribunal.
Una vez resuelto el recurso de apelación, si la parte afectada considera que se han vulnerado derechos fundamentales, puede interponer un recurso especial de amparo, el cual es conocido por la Sala de lo Constitucional. “Si consideran que ha existido violación a un derecho fundamental, lo declaran con lugar; si no, esa acción de amparo es sobreseída”, puntualizó Aguilera.
De acuerdo con la exjueza, este procedimiento busca preservar el equilibrio entre el principio de inmunidad que protege la función pública y el derecho ciudadano a la justicia, garantizando que toda actuación judicial se apegue al debido proceso.
