Tegucigalpa, Honduras.- El asesor presidencial del gobierno de Xiomara Castro, Enrique Flores Lanza, aseguró que ningún tipo de amnistía podrá ser aplicada para beneficiar al expresidente del Congreso Nacional (2006-2009), Roberto Micheletti, ni al general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez.
Vásquez Velásquez se encuentra prófugo de la justicia y sobre él pesa una recompensa de 3.5 millones de lempiras a cambio de información que sea de ayuda para conocer su paradero. En el caso de Micheletti Bain, este afirmó el pasado 19 de abril que huyó del país por temor a que se emita un requerimiento fiscal en su contra.
Flores Lanza, quien fue uno de los beneficiados con la Ley de Amnistía Política aprobada bajo el decreto 04-2022, declaró que esta herramienta judicial o cualquier otro convenio político no es aplicable para Micheletti y Vásquez, señalándolos como partícipes del golpe de Estado de 2009 contra el gobierno de Manuel "Mel" Zelaya.
Según Flores Lanza, el golpe de Estado es "el crimen más grande que se ha cometido en Honduras". Cabe mencionar que desde el partido Libertad y Refundación (Libre), se replica la retórica de que ambos exfuncionarios orquestaron el golpe de Estado.
El actual asesor presidencial comentó que en ese acontecimiento político se cometieron crímenes de lesa patria y lesa humanidad, los cuales afirmó que no pueden ser amnistiados ni prescritos.
"Si estos personajes son responsables de crímenes de lesa humanidad, no les es aplicable ninguna amnistía, ni pueden ellos excusarse en ningún tipo de convenio político, como es el caso del Acuerdo de Cartagena", apuntó.
De igual forma, comentó que él y otros exfuncionarios del gobierno de Zelaya fueron víctimas lawfare (término que se refiere a persecución judicial para afectar a una persona por motivaciones políticas) y que gracias a la Ley de Amnistía Política regresaron amparados al país.
Enrique Flores Lanza fue ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya. Fue una de las figuras más controversiales por su vinculación en el caso conocido como "Carretillazo", que consistió en la sustracción alrededor de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) para financiar la Cuarta Urna.
Flores Lanza enfrentaba acusaciones por 11 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado de Honduras, pero gracias al controversial decreto legislativo, se extinguió toda acusación penal en su contra.
Por otro lado, también recibió una carta de libertad el 4 de marzo de 2022 por las acusaciones de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude.
Flores Lanza no ha sido el único exfuncionario afín al gobierno del expresidente Zelaya que ha sido beneficiado con la Ley de Amnistía Política.
También lo fueron Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Nacional de Comunicaciones (Hondutel) sentenciado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito; y Roberto Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula que busca reelegirse pese a haber sido acusado por malversación de caudales públicos.
