Tegucigalpa, Honduras.-En un pronunciamiento cargado de señalamientos directos y advertencias institucionales, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, denunciaron públicamente una serie de acciones que, a su juicio, han lesionado gravemente el desarrollo del escrutinio especial y buscan impedir la emisión de la declaratoria oficial de resultados.
A través de un comunicado divulgado este lunes en la cuenta de X por la consejera López, el CNE expuso que el escrutinio especial es un mecanismo estrictamente regulado por la Ley Electoral y ejecutado exclusivamente por las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), dejando claro que el órgano electoral no tiene atribuciones legales para realizarlo de forma directa ni delegarlo a terceros.
El documento señala que durante el desarrollo de este proceso un porcentaje significativo de miembros de las JEVR incurrió en conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas, contrarias a la normativa electoral y al principio democrático.
Entre las acciones denunciadas se incluyen la paralización injustificada de labores, tiempos excesivos para el procesamiento de actas, anulaciones sin causa legal y hechos de violencia dentro de instalaciones institucionales.
Según el comunicado, estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón de conducta sistemático y coordinado orientado a bloquear la declaratoria electoral y forzar una eventual repetición de las elecciones generales de 2025, generando un escenario de incertidumbre y desestabilización institucional.
Las consejeras también fijaron posición frente a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, advirtiendo que cualquier pronunciamiento sobre el proceso electoral o sobre la actuación de las consejeras excede sus atribuciones constitucionales y constituiría una injerencia indebida en la función electoral.
En relación con el Ministerio Público, López y Hall sostuvieron que han actuado en defensa del sistema democrático y recordaron que cualquier actuación en su contra debe enmarcarse en los procedimientos constitucionales y legales. En ese sentido, enfatizaron que, mientras no se agoten dichos procedimientos, el ente acusador no está facultado para ejercer acción penal, advirtiendo que cualquier actuación al margen de la ley genera responsabilidad legal.
El pronunciamiento también apunta directamente a determinados sectores de partidos políticos, a los que acusa de pervertir el diseño del sistema electoral mediante el uso indebido de las JEVR, acreditando personas que, en lugar de cumplir la función legal, habrían actuado de manera deliberada para paralizar y distorsionar el escrutinio especial.
Las consejeras llamaron a los partidos políticos, misiones de observación nacional e internacional y al pueblo hondureño a mantenerse vigilantes ante cualquier nuevo atentado contra el proceso electoral, reafirmando que el CNE no permitirá que se fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas.
