Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, hizo un llamado público al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que respete de forma absoluta la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ante lo que calificó como una interferencia del Poder Legislativo en el proceso democrático celebrado el 30 de noviembre.
A través de una publicación en redes sociales, la titular del Cohep afirmó que desde el sector privado se exige respeto a la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que participaron en las elecciones. Señaló que esa expresión ciudadana constituye la base de la democracia y debe prevalecer.
En el mismo pronunciamiento, advirtió que cualquier intromisión en las funciones del CNE y del TJE pone "en riesgo la institucionalidad, la estabilidad del país y la confianza ciudadana".
La dirigente empresarial reiteró que "Honduras necesita certeza, legalidad y respeto a las reglas democráticas. ¡La voluntad popular no se cuestiona ni se negocia!".
1. Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo @Lredondo desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer.
— Presidente de COHEP (@PresidenteCOHEP) January 10, 2026
Las declaraciones se producen luego de la publicación, a la medianoche, del Decreto No. 58-2025 en el diario oficial La Gaceta, mediante el cual se ordena al CNE realizar un recuento voto por voto en las 19,187 Juntas Receptoras de Votos del país.
La medida fue adoptada pese a que el CNE proclamó a Nasry Asfura como presidente electo el 24 de diciembre de 2025 y validó los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
Sobre este escenario, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, advirtió que intentar impedir la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia podría configurar el delito de traición a la patria, al atentar contra los pilares fundamentales de la República.
Solórzano recordó además que cualquier reforma o decisión en materia electoral requiere al menos 86 votos de los 128 diputados del Congreso Nacional y que, sin cumplir ese requisito, cualquier acción sería ilegal, nula e inconstitucional, con posibles responsabilidades penales.
