Los 10 villanos del año en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-EL HERALDO le brinda un listado de quiénes son los villanos de 2023.

Gobernabilidad: Honduras vivió un año incierto debido al irrespeto a la legalidad, la crisis legislativa, la intolerancia a la crítica, ataques a la oposición, violencia de los colectivos y peleas entre funcionarios.

Improductividad: Administración actual está aplazado en varias áreas: productividad, generación de empleos, ejecución presupuestaria y la inseguridad campea en cada rincón.

Amenazas: El comportamiento y el actuar de algunos ministros y funcionarios públicos son una amenaza grave para el buen gobierno y para la imagen del gobierno de Xiomara Castro.

Luis Redondo llegó como diputado al Congreso Nacional gracias al Partido Salvador de Honduras (PSH), entidad que también lo impulsó para el cargo de presidente de la Junta Directiva del Legislativo, sin darse cuenta que con los meses este político se volvería en un azote para sus mismos compañeros de bancada, a los que trata con menosprecio, los acosa, los margina y los agrede.

En los 40 años que tiene la democracia hondureña, Redondo es el presidente del Congreso Nacional más cuestionado por su falta de liderazgo, por su crudo sectarismo y por hacerle comparsa al partido Libertad y Refundación (Libre).En el nombramiento de los 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a principios de año, y en el fracasado proceso para la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, el 31 de agosto, Redondo expuso su conducta más oscura como político y como un peón más del oficialismo.

Su demostrada incapacidad de gestión y su constante violación a la Ley Orgánica del Legislativo, así como a la Constitución de la República, elevó la confrontación de este poder del Estado, al grado de conducirlo a una crisis que hasta este momento no encuentra una salida.

Su incompetencia, según diversos sectores sociales, también lo descalifican para ser el puente de un diálogo entre las diferentes bancadas en el Congreso Nacional, que les permitan un actuar conjuntamente dentro del marco de la legalidad.

Redondo llegó al poder vendiéndose en la campaña electoral como un hombre anticorrupción, no obstante, tras tener el poder en sus manos reprodujo el sistema de corrupción anterior, despilfarrando el dinero de los contribuyentes en improductivos viajes al exterior y bonos de hasta 500 mil lempiras para que los congresistas hagan proselitismo.

Como uno de los activistas más radicales de Libre, Melvin Ceballos dirige los colectivos conformados por personas violentas que han atacado oficinas públicas, como el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), la secretaría de Arte y Cultura, los centros de salud y los hospitales públicos, generando caos, destrucción, daños y dejando sin los servicios de salud a miles de pacientes.

Asimismo, convocados por la dirigencia de Libre, estos grupos de radicales manejados por Ceballos también han atacado brutalmente las marchas de la oposición, así como a los diputados rivales.

Como canciller, Enrique Reina ha calificado de injerencias algunas posiciones de Estados Unidos, incluso ha llamado a su oficina a la embajadora Laura Dogu, pero su actuar es diferente frente a manifestaciones de Venezuela. Por otro lado, en lugar de trabajar para proyectar la imagen del país en el exterior, se involucró en pleitos políticos domésticos arremetiendo contra la oposición.

Es considerado el funcionario descarrilador del gobierno. Sus exabruptos y sus virulentos ataques a la oposición llevaron al rompimiento del acuerdo que tenían las bancadas en el Congreso Nacional para discutir y aprobar la denominada Ley de Justicia Tributaria. Su discurso de odio también ha espantado la inversión extranjera y predispuesto a la empresa privada.

A la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, el Ejecutivo le asignó la tarea de poner orden en las cárceles, pero en su período se dio una de las matanzas más siniestra registradas en la penitenciaría de mujeres, con un saldo de 46 víctimas. En lugar de asumir sus desaciertos, ella responsabiliza a la Policía del hecho y se enfrascó en un enfrentamiento con el ministro de Seguridad.

Por la conducta de la ministra Natalie Roque de atacar a sus empleados y de ver y abordar las violaciones de los derechos humanos desde su óptica sectaria e ideológica, generando el desmantelamiento del Mecanismo de Protección, el Estado ha tenido que responder varias veces ante la CIDH sobre el porqué ha descuidado su responsabilidad.

El diputado liberal por el departamento de El Paraíso, Mario Segura, es cuestionado hasta dentro de su propia entidad política por plegarse a las directrices del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional. Sus mismos compañeros de cámara lo señalan de actuar más en la defensa del oficialismo y de olvidarse de los principios del liberalismo, debido a que el partido de turno le tiene empleado a ciertos familiares.

Tras la salida de Ramón Sabillón, al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, le ha faltado energía y estrategia para hacerle frente a la inseguridad, al crimen organizado, al narcotráfico y la extorsión, que según informes más bien ha aumentado. Ha mantenido un pleito permanente con la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, y se ha dedicado a realizar compras millonarias de logística, con procesos envueltos en la polémica por falta de transparencia.

“¿Sabes por qué estás vivo? Con eso que quisiste hacer conmigo ayer mejor ni te digo. Si me haces esa pasada fuera de ahí...ahorita estarías en un costal metido, hijuepu...”, amenazó el coronel Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar y director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a un subalterno, lo que fue registrado en un video. Organismos de derechos humanos poseen información sobre la conducta de este militar desde que se graduó de subteniente hasta la actualidad.

En la cárcel terminó la fiscal Francia Sofía Medina, después de mejorar con cirugías partes de su cuerpo y darse la gran vida, tras apropiarse indebidamente de 88 millones de lempiras que estaban como evidencia en cuentas del Banco Central de Honduras (BCH). Para los investigadores del Ministerio Público, Medina será la punta del hilo que ayudará a desenredar una red de corrupción que estaría conformada por empleados de la fiscalía y por funcionarios judiciales.