Un año y medio de dolor y una justicia a medias: lo último en el caso de Keyla Martínez
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La justicia por el crimen de la hondureña Keyla Patricia Martínez aún no llega. Más de un año y medio ha transcurrido desde su asesinato al interior de una celda policial y hasta la fecha son pocos los avances al respecto, aunque la familia denuncia que algunos en cambio han sido retrocesos ¿por qué?, aquí te contamos.
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Keyla era una joven de 26 años, pasante de la carrera de enfermería y originaria y residente en La Esperanza, departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.
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El 6 de febrero de 2021, cuando el país se encontraba viviendo momentos difíciles por la pandemia del covid-19, Keyla fue capturada a altas horas de la noche por violentar el toque de queda impuesto como medida preventiva ante el brote, mientras regresaba de departir con varios amigos, entre ellos un médico de la zona.
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El delito era escándalo en la vía pública y aunque no representa una falta grave, debían pasar recluidos varias horas en una celda policial como castigo, por lo que fueron llevadas hasta la estación del municipio. Ahí, ella fue puesta en una de las celdas y el médico en otra.
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Sin embargo, horas después la joven fue llevada a un centro médico de la ciudad por presentar signos de asfixia. Las autoridades policiales aseguraron en un primer comunicado que la estudiante se suicidó colgándose con un suéter dentro de su celda.
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A la versión se sumó el testimonio del doctor Edgar José Velásquez Orellana, quien acompañaba a Keyla esa fatídica noche. A través de una entrevista con CNN, el médico ginecobstetra dijo que ella pidió permiso para ir al baño y al volver a su celda cantó fragmentos de dos canciones y de repente dijo ‘yo me quiero morir, yo me voy a colgar con mi suéter’. ‘Yo le dije, licenciada, no diga esas cosas, las palabras tienen poder, ya vamos a salir de acá, tranquila’. Minutos después ella quedó en silencio y alarmados él y otros reclusos comenzaron a alertar a los policías que hacían guardia esa noche; uno de ellos se acercó y posteriormente sacó el cuerpo de Keyla con otros de sus compañeros.
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Sin embargo, la sociedad y sobre todo la familia de Keyla comenzaron a cuestionar esta posibilidad, pues tras la muerte de la joven circuló el video exacto de la detención, en donde se observa que ella estaba muy colaborativa con las autoridades y él en cambio, se mostraba alterado.
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En el video Velásquez Orellana se negaba a ponerse las esposas, por lo que una oficial le preguntó: ‘¿Alguien le ha pegado?’, a lo que el médico responde: ‘casi’; ‘¿quién le pegó? ¿tiene usted una marca’, le repite ella, y él responde: ‘dentro de 10 minutos va a aparecer un hematoma en mi brazo. Soy doctor, acuérdese de eso’. Durante esos segundos, Keyla, que estaba sentada a su lado, le decía insistentemente: ‘Edgar, escúcheme a mí, por favor, Edgar’, por lo que muchos son del criterio que no se veía como alguien que tomaría una fatal decisión horas más tarde.
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Dentro de este recinto transcurrieron los últimos segundos de vida de Keyla, pues aunque fue llevada a un centro médico, los profesionales de la salud aseguraron que ella ingresó ya sin signos vitales.
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La familia comenzó una investigación ante los hechos y mientras esperaban los resultados de la autopsia a su cadáver se encargaron de recolectar otras pruebas. Irma Yamileth López, apoderada legal de la familia de la estudiante de enfermería, visitó su celda y aseguró que: ‘Al observar las celdas de hombres y mujeres se puede determinar que dentro de las mismas no existe un lugar donde ella se pudo haber colgado, puesto que son paredes de concreto y una plancha de cemento al techo. La puerta tiene prácticamente la estatura de ella, hay una pequeña ventanita pero estaba demasiado alta para Keyla’.
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Mientras varios grupos protestaban en diferentes sectores del país exigiendo justicia y que el caso se esclareciera, se conocieron los resultados de la autopsia: lo primero que se determinó es que Keyla murió por asfixia mecánica, además, que rastros encontrados en la boca podrían indicar que terceros intentaron evitar que ella fuese escuchada por otras personas. Por otro lado, se conoció que en su ropa se hallaron fragmentos de cabellos cortos, distintos a los de una mujer. Las prendas evaluadas fueron su blusa de color beige, un pantalón negro tipo licra y un suéter en tonos negro y azul y se descartó que haya sido abusada sexualmente.
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Con esto en su poder, la familia de la joven, sobre todo su madre, quien vivía como inmigrante en España y tuvo que regresar a su país para pelear por el caso, comenzaron un largo y doloroso proceso para que se les aplicara todo el peso de la ley a los culpables.
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Fue así que varios agentes que turnaban esa noche fueron interrogados y se dijo que el encargado de la estación policial, el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, quien recién había sido enviado al cargo a finales de enero, había sido separado del mismo por estar bajo investigación del Ministerio Público, pero no se volvió a hablar más al respecto de los resultados de dicha investigación o de las funciones que él ejecutó posteriormente dentro de la Policía Nacional.
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Y es que la Unidad Investigativa de EL HERALDO conoció días después del crimen que el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras ya se había visto involucrado en otra muerte de un ciudadano dentro de una celda. El hecho ocurrió el 1 de mayo de 2011, en la posta policial de la colonia Nueva Capital en Comayagüela, capital de Honduras. Ese día, el ciudadano Ramón Arístides Martínez, de 50 años de edad, fue detenido y asesinado a golpes en las instalaciones de la posta de la colonia Nueva Capital, la cual formaba parte del distrito policial de la colonia San Francisco, al mando de Alvarenga desde hacía un mes exactamente.
según las fuentes policiales, Alvarenga fue uno de los que agredió al señor Arístides Martínez, quien recién había tenido una cirugía. Sin embargo, nunca se acusó judicialmente porque fue protegido por un grupo de oficiales.
La víctima fue detenida por una denuncia de un familiar y por andar en estado de ebriedad, pero cuando los parientes llegaron para verlo a la posta policial, se encontraron con mucho hermetismo por parte de los policías y hasta comprobaron que su ingreso nunca se había registrado.
Según información remitida a la Secretaría de Derechos Humanos, la Policía había ido a tirar el cadáver atrás de la posta para que no los vinculen con la muerte.
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Debido a la indignación popular muchas de las manifestaciones fueron dirigidas hacia la posta policial, donde los agentes lanzaban gas lacrimógeno para dispersar a las masas.
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El 6 de abril de 2021 las autoridades capturaron al agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, quien según las denuncias, ingresó a la celda de Keyla durante unos seis minutos, pero luego se mantuvo afuera del recinto de forma sospechosa y sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las celdas y custodia de los detenidos.
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Desde entonces se sigue un proceso contra el agente policial, aunque la familia de Keyla cree que no fue el único participante del crimen. En febrero de este año, tras tomar posesión de su cargo, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, se reunió con la madre de Keyla y prometió velar para que haya justicia en el caso. ‘Será una prioridad el acompañamiento al caso de la joven enfermera, quien murió bajo la responsabilidad del Estado”, enfatizó.
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De momento, el proceso contra el oficial se encuentra en etapa final, pero la familia de Keyla, que buscaba que el caso fuese juzgado como violencia de género, ha denunciado que el delito cambió a homicidio.
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