Estado de excepción y lucha frontal contra las pandillas, así enfrenta Bukele la violencia en El Salvador
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El gobierno de Nayib Bukele ha intensificado su ofensiva contra las pandillas en El Salvador. “Que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno”, dijo el mandatario a quienes critican sus decisiones más recientes contra las maras.
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Las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 9,000 presuntos pandilleros en los últimos 15 días, afirmó el presidente Nayib Bukele, en su guerra contra las maras.
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El Salvador, en su lucha contra las pandillas, no había realizado en las últimas dos décadas detenciones de miles de supuestos pandilleros en tan corto período.
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En respuesta a la violencia de las pandillas, la policía y el ejército iniciaron arrestos masivos el 26 de marzo y un día después el Congreso, controlado por los oficialistas, aprobó un estado de excepción que da cobertura legal a las detenciones sin orden judicial.
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Además, el Congreso aprobó, a petición de Bukele, reformas para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas.
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También se castigará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
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Coordinados por la Dirección de Centros Penales, presos de El Salvador comenzaron a borrar grafitis que las pandillas violentas utilizan para marcar el territorio en el que operan.
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La legislación también va dirigida contra aquellos que “marquen” sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
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La medida tomada por Bukele, que estará vigente un mes, implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia.
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Bukele decretó asimismo la emergencia máxima en cárceles y dio un ultimátum a las pandillas: “Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”.
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Desde que se declaró el estado de excepción, en las cárceles “la comida es racionada” a dos tiempos de alimentación para los 16,000 pandilleros presos.
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Los pandilleros también están sometidos a un estricto estado de emergencia en las cárceles, que se traduce entre otras medidas en el encierro permanente en sus celdas.
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Algunos sectores de la oposición salvadoreña y diversas ONG han criticado al mandatario y creen que sus medidas son exageradas.
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Provistos de fusiles de asalto y chalecos antibalas, policías y soldados patrullan las calles, mientras continúa la detención de cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de ordenar los crímenes.
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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también instó a los padres de familia a que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar en las pandillas los llevará a “la cárcel o la muerte”.
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El Congreso salvadoreño también reformó la Ley Penal Juvenil y estableció que los menores de edad que hayan cumplido 16 años y cometan un delito siendo parte de una pandilla recibirán una pena de prisión de hasta 20 años, y los menores que hayan cumplido 12 años de edad recibirán una pena de hasta 10 años de cárcel en los mismos términos.
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También fue creada una ley de recompensas con la que se contempla la entrega de pagos monetarios -que serán establecidos por las autoridades- a personas que brinden información que lleve a la detención de pandilleros.
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Cabe mencionar que en El Salvador, investigaciones periodísticas señalan al gobierno de Bukeñe negoció con pandilleros para reducir los homicidios. El mandatario niega las acusaciones.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” porque los presos “permanecen en encierro 24 horas con alimentos reducidos y despojados de sus colchonetas”. La CIDH se pronunció porque el “Estado debe revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad” de los presos.
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De forma sacástica, Bukele ha respondido a todas las críticas por la supuesta violación de Derechos Humanos de los pandilleros e instó a esas naciones a llevarse a las “pestes” de su país.
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Desde el inicio de su mandato, en junio de 2019, Bukele puso en marcha el “plan de control territorial” que, entre otras cosas, contempla el uso del ejército como apoyo a la policía en labores de seguridad pública y el combate a las pandillas.
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