La extorsión aumenta la inseguridad, motiva la migración, financia a grupos criminales, desincentiva la inversión y contribuye a la desescolarización. A continuación las crudas cifras de este flagelo en el país.
La extorsión se volvió en Honduras una industria muy violenta que recoge anualmente alrededor de 737 millones de dólares, unos 18,270 millones de lempiras, equivalente al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a un 14.7% de la recaudación fiscal.
Ese cálculo fue desarrollado para el estudio “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, realizada por Andreas R. Daugaard, Edgar Aguilar y Juan Martínez D’Aubuisson, para Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) . De otra forma, sería difícil aproximar cuánto se paga en extorsión”.
Esos 737 millones de dólares perdidos en extorsión representan el 16% de la recaudación tributaria para Honduras en 2022.
De acuerdo con el estudio, cada víctima de extorsión paga anualmente un promedio de 3,568 dólares, que en moneda nacional serían 87,427 lempiras.
Los datos reflejan que Honduras se quedó rezagada en su combate, por lo que el problema ha ido en aumento.
La situación es tan grave que 206,623 hogares han sido impactados en el último año. Esto equivale a alrededor de 847,154 niños, niñas, jóvenes, y adultos perjudicados por este tipo de crimen, proyectan los investigadores.
La extorsión es un fenómeno que se ha generalizado en el territorio. El 10.6% de los hogares urbanos y 7% de hogares rurales son víctimas de este delito.
El costo real de la extorsión va mucho más allá que el daño meramente económico. La extorsión aumenta la inseguridad, motiva la migración, financia a grupos criminales, desincentiva la inversión y contribuye a la desescolarización, precisa la investigación.
En 2021, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) -ahora Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipamco)- refleja haber recibido 1,908 denuncias. ara el mismo año, el Ministerio Público (MP) solo recibió 186 denuncias por casos de extorsión; por su parte, datos de la Policía Nacional de Honduras (PNH) muestran 151 denuncias.
Alrededor de 206,623 hogares fueron víctimas de extorsión durante ese año, añadiendo las denuncias por cada institución, encontramos que solo el 1% de las víctimas de extorsión denuncian este delito. El sistema de justicia hondureña no registra denuncias para el 99% de víctimas, alrededor de 204,381 hogares.
Aunque la FNAMP o Dipampco parece ser sumamente efectiva en la captura de personas responsables de recoger el dinero exigido como parte de la extorsión, se ha rezagado en su metodología de investigación en el combate al problema, mostrando “un desconecte entre las varias formas de extorsión que ocurren en el país” ya que esta ha evolucionado y se da en muchas nuevas formas.
Un esquema tradicional de la extorsión típicamente conlleva una mara que demanda un pago en efectivo de un negocio acompañado de una amenaza de violencia en caso que no se cumpla con el pago. Esto lleva a muchos emprendimientos a cerrar.
Las nuevas tendencias incluyen pagos mediante depósitos digitales, uso de pagos en línea, transferencias de banco y billeteras digitales. Estos métodos hacen que la extorsión sea más difícil de identificar y perseguir por parte de las autoridades.
Por otro lado, como los repartidores o recogedores del dinero son los que están en un riesgo más alto de ser capturados por extorsión, entonces algunas maras usan servicios de mensajerías de entrega para movilizar el efectivo y reducir ese riesgo. “Los mareros están evolucionando para que no les caiga clavo”, dijo uno de los entrevistados.
El 97% de los perpetradores judicializados eran quienes recogían el dinero. Esto sugiere que miembros de maras en rangos más altos y autores intelectuales del crimen no están siendo capturados.
La muerte de transportistas, que cada semana registra al menos dos casos nuevos, también es producto de la ola de extorsiones que han ido creciendo en el país.