Cacería casa por casa al crimen organizado: el recorrido de El Heraldo por Soyapango, la ciudad más temida de El Salvador
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En las comunidades salvadoreñas existió por muchos años un cerco creador por las maras y pandillas, quienes controlaban quién entraba y salía, si es lo que lo lograba, pues además los residentes de otros sectores tenían prohibido visitar incluso poblados aledaños. Hoy ese control es ejercido por la policía, en un afán de reducir la ola delictiva como parte del estado de excepción decretado desde marzo. EL HERALDO viajó hasta el El Salvador y realizó algunos operativos junto a las fuerzas del orden para traerle en exclusiva imágenes de cómo se lleva a cabo la operación “Casa segura” en el país vecino.
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En marzo de 2022 se implementó el estado de excepción ante la alta ola de homicidio que se vivía en El Salvador y a los altos índices de extorsión y otros delitos que la población denunciaba día con día.
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Al principio una parte de la población se mostró renuente a acatar la determinación y diferentes organismos de derechos humanos salieron al paso y alegaron que se quebrantaban las libertades de los salvadoreños.
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Sin embargo, la medida se fue ampliando varias veces a lo largo del año y en la actualidad ya suman ocho prórrogas, pues las autoridades aseguran que ha dejado resultados positivos visibles. Su cumplimiento consiste en operativos constantes y limitar los horarios en los que las personas pueden circular para realizar sus actividades.
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A la fecha son 58,894 los pandilleros capturados, de los cuales 51,924 están en prisión preventiva. Resalta en los datos 845 cabecillas (645 son de la Mara Salvatrucha y 200 del Barrio 18, Máquina y Mao Mao), según lo revelado por las autoridades a El Salvador.
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Pero en algunos sectores de El Salvador ha sido necesario tomar medidas más extremas, como en Soyapango, considerada durante muchos años como la ciudad más peligrosa del país.
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Aquí se ordenó cercar el municipio con unos 8,500 soldados y 1,500 agentes policiales para controlar la salida y el ingreso de ciudadanos. Además, está en vigencia un mecanismo de control denominado “Casa segura” que da permiso a los uniformados de revisar los hogares en busca de delincuentes o evidencia.
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En el marco de su aplicación EL HERALDO viajó hasta El Salvador y realizó algunos recorridos con los policías y militares para entender cómo funciona y saber qué piensa la población tras nueve meses en estado de excepción.
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Casa por casa, los agentes van pidiendo a la población sus documentos personales y revisando cada rincón de hogar, pues se ha evidenciado en reportes previos que algunos pandilleros se esconden para evitar ser capturados.
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Los policías y militares solicitan los documentos de cada persona que se encuentra en la vivienda y además verifican si tiene asuntos pendientes con la ley.
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“Se les pide su cédula, contratos de alquiler y pagos de servicios públicos”, dijeron los agentes que acompañaron a EL HERALDO por las calles y callejones de Soyapango.
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A los peatones también se les revisaba y pedía su documentación, al igual que a los conductores de vehículos y motocicletas.
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Sectores como Cimas de San Bartolo, Altavista fueron parte del recorrido en Soyapango, donde los oficiales elegían casas al azar para ser requisadas.
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Según explicaron las autoridades salvadoreñas al medio hondureño, “todavía hay pandilleros, pero creemos que son muy pocos y escondidos”.
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Todos coinciden en que el estado de excepción ha traído paz a la población salvadoreña, pero siempre hay sectores que lo cuestionan, pues son muchos los padres, parejas y vecinos que también alegan que algunas personas han sido detenidas y encarceladas injustamente, que no las han podido ver o abrazar desde que se las llevaron y que fueron mezcladas con personas que sí cometieron cualquier tipo de delitos.
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A su clamor se han sumado los organismos defensores de derechos humanos que también agregan la queja del hacinamiento en centros penales y el posible abuso de la fuerza por parte de los uniformados. Sin embargo, tanto el presidente Nayib Bukele como las autoridades de Seguridad aseguran que no piensan detener el plan, hasta tener un país libre de delincuencia organizada.
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