Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) envió al Ministerio Público cinco urnas del departamento de Atlántida, tras constatar inconsistencias graves durante el proceso de recuento jurisdiccional.
El material electoral proviene de los municipios de Esparta, Arizona y Jutiapa, zonas donde se identificaron señales de manipulación de votos, una práctica que atenta contra la legitimidad del sufragio.
La magistrada presidenta del TJE, Miriam Barahona, informó que estas anomalías se detectaron como parte de los procedimientos de verificación posteriores a las elecciones primarias, una etapa clave en la depuración de resultados y resolución de impugnaciones.
“Se trasladará toda la información necesaria para que se inicien las acciones investigativas conforme a la Ley Electoral”, indicó Barahona.
Agregó que el pleno de magistrados instruyó a la Dirección Legal del Tribunal para que elabore el informe técnico-jurídico que será entregado a la Fiscalía.
Aunque aún no se revela a qué partido político o corriente interna pertenecen las urnas cuestionadas, el hallazgo de irregularidades abre serios cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral en el país.
Expertos en materia electoral señalaron que el inflado de votos —ya sea mediante la inclusión de papeletas falsas, duplicación de registros o alteración de actas— constituye una de las formas más directas de fraude, y suele implicar la colusión de miembros de mesas electorales con operadores políticos.
El recuento jurisdiccional, establecido por la normativa electoral vigente, tiene como objetivo verificar la correspondencia entre los votos registrados en las actas y los resultados oficiales preliminares.
Es una herramienta de control legal diseñada para proteger la voluntad del electorado y asegurar la integridad del proceso democrático.
Sin embargo, los indicios hallados en Atlántida reflejan una posible manipulación dolosa de los resultados.
De confirmarse los indicios de fraude, la investigación del Ministerio Público podría derivar en acciones penales y administrativas contra los responsables, entre ellos miembros de mesas receptoras de votos y delegados de organizaciones políticas.
El TJE advirtió que, si en el transcurso de la revisión se descubren nuevas irregularidades, se procederá de la misma manera en otros departamentos.
Este tipo de actos causó preocupación en los sectores políticos, organizaciones de la sociedad civil y observadores nacionales, quienes demandan mayor rigor institucional y transparencia de cara a las elecciones generales de 2025.
En respuesta, el TJE reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Este es el primer caso documentado en que el TJE remite directamente urnas al Ministerio Público por irregularidades detectadas en el recuento jurisdiccional, un mecanismo introducido para revisar legalmente actas impugnadas o con inconsistencias.
Aunque en elecciones anteriores -particularmente en los comicios de 2017- se denunciaron actos similares, la diferencia radica en que en aquella ocasión no existía un tribunal autónomo con facultades jurisdiccionales específicas.
La denuncia, ahora, proviene del propio órgano electoral, no de partidos ni de la sociedad civil.
