Tegucigalpa, Honduras.- En los tres partidos políticos que van a elecciones primarias el domingo 9 de marzo hay precandidatos que han sido señalados o perseguidos por la justicia, tanto en Honduras como en Estados Unidos.
La sombra oscura del narcotráfico y la corrupción en los últimos años ha manchado el nombre de las instituciones políticas más fuertes de Honduras —el Partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre)—, debido a que algunas de sus principales figuras se dejaron atrapar por el dinero fácil que ofrece el crimen organizado.
Expertos, en diálogo con EL HERALDO Plus, coinciden que hay precandidatos que no debieron ser inscritos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a que enfrentan procesos legales con la justicia de Honduras.
Datos del Ministerio Público, facilitados a través de la solicitud SOL-MP-3048-2025, indican que entre 2017 y el 7 de febrero de 2025 había recibido más de 4,343 denuncian contra funcionarios públicos por múltiples delitos.
Sin embargo, el 4.8% de los casos fueron contra alcaldes, el 4.5% contra empleados públicos y el 3.9% contra regidores. También hubo 29 denuncias contra diputados.
Los datos no especifican los nombres de quiénes fueron las personas denunciadas, por eso no se puede saber cuántos participan en las primarias pese a tener una denuncia, pero marcan una pauta de que no están exentos de ser investigados en caso de que haya una causa probable.
De los casos contra alcaldes, las denuncias iban desde abuso de autoridad, amenazas, daños, hasta malversación de caudales públicos.
De las acusaciones contra regidores, 6 de cada 10 fueron por delitos electorales, 1 por lavado de activos y 1 por violación a los deberes de los funcionarios.
Los diputados, por su parte, fueron denunciados, en su mayoría, por amenazas y violencia doméstica, de acuerdo con los datos del Ministerio Público analizados por este rotativo.
Medida preventiva
Por algunas de estas situaciones, sobre todo las relacionadas con malversación y lavado de activos, se comenzaron a auditar los fondos de campañas y, según el informe “Rendición de cuentas de ciclo 6 años (2017-2023)” de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), más de 2,000 millones de lempiras han sido auditados entre 2017 y 2021.
Según el ente fiscalizador de los políticos, los gastos en las campañas electorales son millonarios, por ejemplo, en las elecciones generales de 2017 se gastaron cerca de 900 millones de lempiras.
Para las elecciones primarias de marzo de 2021 se auditaron más de 328 millones y en la elección general de noviembre de 2021 se estima que lo auditado supera los 1,000 millones de lempiras.
El artículo 311 de la Ley Electoral de Honduras establece que las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria de las elecciones respectivas no surten efecto de inhabilitación, salvo si recayere sentencia firme condenatoria.
Entre los nombres más mencionados de los aspirantes están, Ana García, precandidata presidencial nacionalista, esposa del expresidente, Juan Orlando Hernández, preso y condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
De García, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en septiembre del año anterior dijo que estaba bajo investigación, sin dar más detalles, sin embargo, no existe ninguna sentencia en su contra.
Más de L 2,000
Millones
Fueron gastados por los partidos políticos en campañas entre 2017 y 2021
Siempre en el Partido Nacional está Nasry “Tito” Asfura, acusado por el Ministerio Público (MP) de malversación de caudales públicos y otros delitos, quien se defiende en libertad, teniendo el apoyo de las bases de su partido.
Mientras que en el caso del Partido Libertad y Refundación (Libre), el precandidato presidencial, Rasel Tomé, fue sentenciado por un caso de abuso de autoridad durante su gestión en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Conatel), y en 2022 fue mencionado en la lista Engel.
En el Partido Liberal, el precandidato, Jorge Cálix, es cuestionado por su parentesco con Mario “Cubeta” Cálix, un supuesto narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2024, del cual, el presidenciable se ha desmarcado.
Julieta Castellano, exdirectora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), declaró que al participar personas con procesos legales entablados, se puede evidenciar la debilidad institucional del país.
“Tenemos casos muy significativos, que son aquellos donde hay sentencias, que los inhabilita para poder ser candidatos a cargos de elección popular o para poder tener cargos en el Estado, sin embargo, vimos que esas sentencias no han sido aplicadas”, señaló.
Hay diputados actuales al Congreso Nacional que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) les ratificó la sentencia condenatoria, y a pesar de ello, siguen fungiendo en sus cargos y están corriendo en las listas para la reelección y buscan la presidencia de la República, detalló.
Inscripción
Según Castellanos, esperaban que estos políticos que están sentenciados no fueran inscritos por el CNE, pero nada sucedió, y muchos buscan ser electos en un cargo de elección popular, como si no pasase nada.
Hay otros casos donde hay acusaciones, o han sido mencionados en juicios en cortes de Estados Unidos, pero mientras no haya una sentencia condenatoria, se entiende que no están inhabilitados, sin embargo, lo más preocupante es que no hay una sanción social.
De acuerdo con Castellanos, muchos de estos políticos están participando y probablemente ganen como diputados, con el peligro que se conviertan en un obstáculo para que se reformen leyes y códigos penales.
“Obviamente, los diputados que están acusados y hay pruebas fehacientes de su culpabilidad en la comisión de actos de corrupción o de otros delitos, van a querer una ley muy flexible para no ser afectados”, señaló.
Situaciones como esas son las que provocan que las reformas al Código Penal no avancen, y también se puede ver reflejado en que no haya interés para que la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no se instale en el país, advirtió.
La socióloga reseñó que la CICIH solicitó 20 requisitos mínimos básicos para poder operar en Honduras, los que se pudieron leer en un documento que se filtró, pero “algunos diputados saben que si cumplen con los requerimientos de las Nacionales Unidas, los perjudicados serán ellos y no lo aprueban”.
“Entonces, por supuesto, al tener diputados señalados, que están en la lista Engel y que están acusados, elegirlos se convierte en estar poniendo trabas al fortalecimiento democrático y a combatir el crimen y la impunidadd”, reflexionó.
Mencionó que quien debería tomar conciencia es el elector, pero muchas veces priva la duda de si en realidad son culpables o no, y mucha gente los sigue, independientemente de sus valores éticos políticos.
En sus giras políticas, los aspirantes llevan regalías, y en un país con tantas carencias, la gente los ve como generosos y buenos, dudando que estén involucrados en actos ilícitos, dijo.
El analista político, Juan Ramón Martínez, es del criterio que las personas de cada partido deben considerar que el aspirante escogido para darle su voto es el que representa sus intereses.
“Una persona que se gana la vida trabajando honradamente no puede votar por un ladrón, por un deshonesto, y una persona que trabaja impulsando un caballo en San Pedro Sula, no puede votar por una persona que le prohíbe trabajar con su caballo”, comparó.
Es importante la integridad
Martínez dijo que “no se debe votar por las personas de las cuales se tenga duda de su integridad, hay que reconocer que el señalamiento no causa estado, porque el hecho de que se menciona a una persona no es suficiente”.
Incluso, recordó de que el hecho de que se condene a una persona y esa persona haya pagado su condena y aceptado su culpa, es diferente a las personas que aún no hayan sido señaladas, uno sabe quien no merece el voto.
“Aquí no es que solo hay que votar en contra de los que han sido señalados en Nueva York, sino —ver— si es una persona borracha, no hay que votar por ella; si no tiene mérito profesional, como que no puede discutir de manera civilizada, tampoco hay que votar por esa persona”, expresó.
Ejemplificó que él como ciudadano no votaría por un jugador de fútbol, porque en el Congreso Nacional deben estar legisladores, gente con talento, con capacidad para identificar los problemas, conocer el sistema jurídico y señalar los vacíos que existan.
Si alguien es cristiano, no votará por aquellas personas que insulten a la iglesia, al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, por ejemplo, al Papa Francisco, o a los pastores de las iglesias cristianas, expresó.
Tampoco hay que votar por rostros bonitos, porque para legislar se necesita talento, muchos quieren engañar a los electores con juventudes que no tienen, “y las personas que mienten no deben ser recipientes de nuestro voto”, recomendó.
“El voto es algo importante, y hay que dárselo, si uno es honrado a los honrados, claro, si uno es deshonesto va votar por los deshonestos”, reflexionó Martínez.
El analista nacional, Oliver Erazo, sentenció que ser corrupto en Honduras en entenderle al trámite, porque son los que eligen magistrados, al fiscal, ponen presidentes y a pesar de ser condenados, siguen en el ejercicio de los cargos y luego son candidatos.
Debido a esos casos, según el analista, es que el tema de la CICIH es una utopía, porque a la clase política no le interesa, y tampoco van a crear un bumerán con el cual ellos mismos se van a dar de bruces.
De su lado, el analista político, Miguel Cálix consideró que es importante distinguir entre denuncias, sospechas y fama de las causas judiciales, ya que en casos como el de Rasel Tomé, que tiene una sentencia condenatoria, no debería competir en un proceso electoral.
Tanto Tomé como el diputado Edgardo Casaña de Santa Bárbara, tienen una sentencia condenatoria y no deberían estar compitiendo para las elecciones primarias, “si las leyes en este país realmente se aplicaran, no podrían haber sido diputados”, señaló Cálix.
Apuntó que si el MP y el CNE no cumplen con su trabajo, los políticos pueden utilizar los cargos de elección popular para evadir la justicia y sobre todo si los partidos políticos siguen siendo tolerantes con la impunidad.
Afirmó que es posible que más de algún político, previendo que su situación se le pueda complicar legalmente, esté considerando aprovechar el beneficio que le da la ley de someterse a un procedimiento especial, amparado en su cargo.
