Tegucigalpa, Honduras-. El repunte de la violencia, sobre todo de las masacres, en distintos departamentos del país, se convierten en una amenaza que puede afectar directa e indirectamente la asistencia de los electores en los comicios internos programados para este domingo 9 de marzo, advierten algunos sectores de la sociedad.
Aunque las matanzas están resurgiendo y el índice de homicidios tiende a dispararse, generando miedo entre la población, el secretario de seguridad, Gustavo Sánchez, dice que “vamos bien”, pero una cosa es lo que promueve el burócrata y otra es la realidad, atizada por el populismo, el discurso confrontativo, y la verborrea de los políticos, coinciden analistas.
Aunque el país está sometido a un estado de excepción, solo el lunes las autoridades policiales y forenses levantaron los cuerpos de cuatro personas que fueron masacradas en el sector de La Cañada y más tarde recogieron otros tres que perecieron en una balacera en El Bosque, ambos casos en el Distrito Central.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del 2025 ya se han registrado 10 masacres: dos en enero, seis en febrero y dos en marzo.
Lo cuestionable es que mientras la violencia arremete en un año electoral, muchos agentes policiales están dedicados a vigilar y dar seguimiento a los críticos del gobierno y a líderes sociales, denunció una fuente oficial.
En una comparecencia pública, Sánchez trató de dar una clase teórica de seguridad, manifestando que en esta área hay dos conceptos, la seguridad objetividad objetiva, aquella que es medible, que se puede verificar a través de datos, estadísticas, mediante la contabilización de los hechos, y, por otro lado, está la seguridad subjetiva que “tiene que ver mucho con la percepción”.
“Ha habido un leve incremento en el número de muertes múltiples y en el número de muertes violentas de mujeres hay un número similar en este año con el año pasado, es decir que no hay una reducción, a pesar de que la incidencia delictiva de manera general presenta un 20% en su reducción”, dijo el ministro.
Impacto en las primarias
Para Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el incremento de la violencia en los últimos meses y el estado de excepción que el gobierno no quiere suspender, a pesar de que se está implementando ilegalmente, más los policías, jueces y fiscales vinculados a delitos, constituyen una verdadera amenaza al desarrollo normal de las elecciones primarias.
El riesgo que genera el incremento de la violencia y las muertes múltiples “es fuertísimo y más cuando estamos en un estado de excepción, inaudito, ilógico, absurdo, sobre el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha pronunciado en contra”, deploró Hernández.
Él es del criterio que la situación es delicada. El domingo puede pasar cualquier cosa, puede afectar enormemente el proceso electoral. “Es que la impunidad hizo que el delincuente sienta confianza en cometer delitos, sabe que no le va a pasar absolutamente nada”, enfatizó.
Explicó que hay una preocupación de que el proceso electoral primario pueda ser interrumpido, especialmente en algunas zonas donde el Estado casi no está presente, como en Colón y Olancho, “donde hay policía, pero los datos nos dicen que no están presentes, no hay militares o tristemente son copartícipes, o el crimen los tiene con las manos atadas”.
EL HERALDO Plus, incluso, visitó el municipio de Catacamas, evidenciando cómo el narcotráfico lo ha convertido en uno de los puntos más violentos de Honduras.
Hernández recordó que históricamente los departamentos antes mencionados son los que han tenido una mayor penetración de crimen organizado, mayor vinculación de políticos con estas estructuras y una mayor protección de las autoridades al crimen y a los delincuentes.
“Es un riesgo para la democracia que el crimen organizado que tiene metido sus manos en los partidos políticos juegue su papel el día de las elecciones internas, pero lo más preocupante es la negligencia policial”, criticó Hernández.
Lamentó que uno de los mayores daños que sufre el sistema republicano es la penetración del crimen en la política, donde los delincuentes tienen la capacidad de elegir jueces, fiscales y hasta puede liderar los entes policiales. Otro tipo de violencia que impacta sobre los electores es el ataque entre los políticos, advirtió.
Un país inseguro
Los datos del Sistema Estadístico Policial (Sepol) correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025 revelan que enero, febrero y marzo siempre han sido meses muy violentos, pues la cifra promedio supera los 500 casos en ese periodo.
En enero, febrero y los primeros tres días de marzo, pero del año 2024, se reportaron 676 homicidios, 116 menos que en 2023. En el mismo período, en el 2025 ya se contabilizan 531, mostrando una reducción de 145 muertes en comparación el año anterior.
Las estadísticas muestran que febrero, a pesar de ser el más corto del año, es el que más incidencia refleja. Los datos de la Sepol y los del Observatorio de la Violencia de la UNAH del año pasado mantienen una ligera diferencia, mientras las autoridades policiales dicen que el 2024 se cerró con 26 homicidios por cada cien mil habitantes, el ente universitario señala que fue de 27.
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, afirmó que aún no se ha cerrado el análisis de los homicidios ocurridos en el 2024, pero en efecto no se puede ocultar que los homicidios múltiples se dispararon, situación que debe preocupar al gobierno y a todos los hondureños.
Detalló que los casos de masacres se presentaron sobre todo en Francisco Morazán, Ocotepeque, Comayagua, Colón y Olancho. Estos eventos producen a nivel general un ambiente de miedo en la población, “entonces hace que la gente crea que es un país inseguro y, por lo tanto, hasta el ambiente electoral está expuesto a verse afectado”.
“A los crímenes se suma la impunidad porque los casos no son investigados y con ello se manda un mal mensaje sobre que los delincuentes pueden continuar sembrando zozobra y no pasa nada, incluso pueden interferir en el proceso electoral sin que pase nada”, reprochó Ayestas.
¿Puede afectar el voto?
El abogado y analista político, Oliver Erazo, por su parte, aseguró que la situación que vive el país en torno a la violencia se trata de una “estrategia de infundir temor, sembraron la zozobra y el pánico social”.
Aseguró que no es algo nuevo, sino que ha sido usado históricamente con la intención de que los electores no acudan a las urnas, entonces “los miembros de la junta receptora de votos, que muy probablemente van a ser muchas de ellas monopolizadas por el partido o los partidos mayoritarios, por el tripartidismo en el país, se podría dar espacio o la posibilidad en que puedan manipular eh los votos y consecuentemente los resultados”.
Advirtió que de llegar a ocurrir, eso “sería trágico para el pueblo hondureño si no entiende que todo esto es parte de un plan preconcebido para ahuyentar a los electores de las urnas”.
Erazo aseguró que esta situación tiene un impacto malicioso en la población porque las autoridades lejos de afrontar la realidad y las falencias que tienen en materia de seguridad, que se están viendo palpable todos los días, lo que prefieren es decir que es una falsa percepción que tienen todos los ciudadanos y todos los operadores de la sociedad.
“Desde ahí sabemos que estamos mal y que estamos ante una omisión de política de seguridad por parte del Estado de Honduras y sus instituciones y eso lógicamente genera una proliferación de situaciones adversas al proceso”, indicó.
Le recordó a los hondureños que asistir a las urnas es un deber y una obligación, por lo que deben ser conscientes que “todo esto es un escenario para provocar que no vayamos a las urnas, pero los hondureños debemos de ser valientes y demostrar nuestra garra catracha democrática”.
Invitó a cada persona apta para votar a que elija a los candidatos que consideren idóneos para poder enfrentar un proceso general, donde se elegirán a las autoridades que gobernarán al país en los próximos cuatro años.
