Represión contra la prensa y derechos civiles pone en riesgo la democracia hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La represión y los ataques del gobierno a los espacios cívicos, derechos humanos y a la libertad de expresión y de prensa ya es una política sistemática del Estado que pone en grave riesgo la democracia y el próximo proceso electoral, según el informe Estado de País dado a conocer el martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Las evaluaciones de cuatro organismos internacionales y los datos de entes nacionales muestran cómo el Estado hondureño en los últimos años ha incrementado su asedio contra los derechos ciudadanos, a tal extremo que se ha creado un ambiente de terror, de censura y autocensura.

Juan Carlos Aguilar, director del proyecto Democracia y Transparencia de ASJ, explicó que según el índice internacional de Civicus 2024, en Honduras existe un espacio cívico reprimido. En este aspecto, a nivel de América Latina, Honduras aparece con 37 puntos, solamente superado por Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En una escala de 1 a 100, el rango de 1 a 40 puntos es considerado como un ambiente represivo, de 41 a 60 obstruido, de 61 a 80 estrecho y de 81 a 100 un clima abierto.

El monitor de Civicus analiza la extensión en que los derechos a la asociación, asamblea pacíficas y libertad de expresión son respetados y mantenidos, además del grado en que el Estado protege a la sociedad civil.

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Entre tanto, en el índice de Chapultepec del año pasado, Honduras alcanzó los 40 puntos, se situó por debajo del promedio regional de 48, manteniéndose solamente arriba de Perú, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este puntaje mostró una alta restricción a la libertad de expresión y prensa producto de las hostilidades del gobierno, la falta de transparencia, la impunidad y las amenazas a periodistas.

Mientras tanto, el índice de Freedom House —que mide los derechos y libertades reales que gozan los individuos en cada país— considera que Honduras es un país parcialmente libre y le asigna un puntaje de 48, otra vez superando nada más a El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba, explicó Aguilar.

En este aspecto Freedom House destaca la corrupción, la violencia e impunidad que afectan la estabilidad de país. También hace referencia a los ataques sufridos por los periodistas, el reparto de cargos claves por parte de los partidos políticos en 2024, la sentencia en Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández y el anuncio del fin del tratado de extradición.

De la misma manera, la evaluación de Reporteros sin Fronteras dice que en Honduras la libertad de prensa se ha venido deteriorando en los últimos años, asignándole al país un puntaje de 38.18, por encima nada más que de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Para la socióloga y exrectora universitaria Julietta Castellanos, estos ataques a los derechos ciudadanos ponen en riesgo una democracia que de por “si es de fachada, una democracia electoral solamente para decir estas son la autoridades electas, pero en el fondo lo que hay son autoritarismo y eso lo estamos viendo en El Salvador, en Nicaragua donde hay elecciones, pero no hay democracia”.

“No hay democracia cuando las personas están sujetas a la voluntad de un dictador de un autoritario donde él decide sobre la vida de las personas”, aseguró.

“Para el caso él decide que capturen a fulano de tal, a sutano, porque no hay un proceso que de garantías a esas personas. Hay democracias atacadas de los poderes mismos del Estado aunque haya elecciones cada cuatro años”, agregó.

De acuerdo con el informe de ASJ, las mediciones internacionales se reflejan en la realidad hondureña. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) sostienen que entre 2016 y 2024 se presentaron 133 quejas de periodistas y comunicadores sociales por violación a la libertad de expresión. Con 67 casos, las cifras se duplicaron entre el 2022 y 2024 respecto a 2017-2021.

De la misma forma, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnud) registró en 2024, un total de 284 ataques que afectaron a 319 víctimas; de esta cantidad, 219, o sea el 69%, eran defensores de derechos humanos, mientras que en los otros 100 casos, las víctimas fueron periodistas.

De acuerdo con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ), los ataques gubernamentales están causando tanto daño en la población que, según uno de sus sondeos, el 61.9% de los hondureños desconfían del respeto a la libertad de expresión.

Asimismo, entre las valoraciones de los organismos internacionales y nacionales se destaca también el aumento de un 37% en los homicidios de personas LGTBIQ entre el 2022 y el 2024 en comparación con el período 2014-2021. Una situación delicada cuando el gobierno tiene en vigencia de manera ilegal un estado de excepción.

El informe Estado de País señala que la represión del espacio cívico ya es una política sistemática del Estado y no se trata de hechos aislados. “El uso de medidas oficiales para atacar, la estigmatización desde las redes de funcionarios y la publicidad paga con fondos públicos han normalizado el control y la intimidación. Se consolida así una estrategia estatal de vigilancia y silenciamiento”, dice el documento.

“La libertad de expresión está en retroceso por los ataques sistemáticos desde el poder. Los datos muestran un patrón sostenido de ataques, estigmatización y violencia contra periodistas, defensores y organizaciones civiles, promovidos desde altos funcionarios del gobierno. La impunidad y la ausencia de protección efectiva refuerza un entorno hostil para ejercer los derechos fundamentales”, dice el informe.

Para la periodista Thelma Mejía, los datos presentados reflejan que el país no posee el panorama de una democracia saludable, debido a que la sociedad hondureña está inmersa en una crisis permanente y en un espacio cívico reprimido dentro de cual se encuentra el derecho la libertad de expresión, de asociación, el derecho a reunión y de acceso a información pública.

De cara al proceso electoral creo que en este momento como “se nos ha venido diciendo desde el partido en el poder nos abocamos a una gran batalla por la democracia, donde prevalezca la verdad, el equilibrio y el profesionalismo periodístico”, explicó.

La situación actual, según ella, es tan delicada que desde el periódico de las Fuerzas Armadas están advirtiendo que “debemos prepararnos para una guerra cognitiva, basada en la desinformación. Los militares están viendo esos escenarios y nos están diciendo que vamos hacia una batalla donde los medios de comunicación están en la mira”, advirtió la periodista.

Por su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, dijo que los datos del informe presentado no son una simple recopilación de datos, sino que es una radiografía del miedo impuesto desde el poder. Una prueba irrefutable de que en Honduras la represión no es la excepción, “pareciera ser que es la estrategia”.

Gobierno, tras gobierno, “hemos denunciado abusos, corrupción y opacidad, pero lo que hoy enfrentamos va más allá, es una política sistemática para aplastar el disenso, silenciar la prensa, perseguir a quienes defienden derechos y manipular la verdad con fondos públicos”.

“Esto no es democracia, esto es autoritarismo disfrazado de legalidad y hoy una vez más lo denunciamos y lo decimos, nuestros funcionarios atacan desde redes sociales y desde el estrado oficial. Periodistas caen asesinados, defensores mueren a pesar de tener medidas de protección vigentes y el mecanismo oficia se hunde en su propia ineficacia”, criticó Hernández.

Lamentó que mientras eso ocurre, el Estado gasta millones en propaganda para sostener una narrativa de impunidad. “Todos los hondureños debemos exigir que se detenga el uso del Estado como arma contra su propia gente”, demandó Hernández