TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde su creación en 2011 hasta el 26 de enero de 2022, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) estuvo en manos de políticos vinculados de una o de otra manera con el narcotráfico.
Este organismo pasó de ser un diseñador y supervisor de las políticas en materia de seguridad, defensa e inteligencia a ejecutor de acciones contrarias a la transparencia y a la lucha contra el crimen al gestar el nuevo Código Penal, atentar contra la institucionalidad y decidir sobre los recursos de la Tasa de Seguridad y los bienes incautados a los narcotraficantes y corruptos.
Su reputación ahora lleva a que muchos sectores de la sociedad exijan su derogación, aunque su conformación está sustentada en el artículo 287 de la Constitución.
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Entre 2011 y enero de 2014, el CNDS fue presidido por el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, cuyo nombre suena fuertemente en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Además, en 2015 su hijo Fabio Lobo fue capturado en Haití y luego extraditado a Estados Unidos, donde la justicia le impuso una pena de 24 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas.
Luego, este consejo estuvo ocho años bajo el mando del presidente Juan Orlando Hernández, extraditado el 21 abril recién pasado después de que Estados Unidos lo acusara de participar en una conspiración para importar 500 mil kilogramos de cocaína a esa nación.Su hermano Juan Antonio Hernández también fue capturado en Miami en noviembre de 2018 y sentenciado el 30 de marzo de 2021 a cadena perpetua por tráfico de cocaína.
Formaron parte del CNDS también los entonces ministros de Seguridad, Julián Pacheco, y de Defensa, Samuel Reyes, ambos mencionados en los juicios que se realizan en Nueva York contra los narcos hondureños.
De la misma manera fueron miembros de esta entidad un presidente del Legislativo emparentado con un narcotraficante, así como otro ministro de Seguridad y otro de Defensa, cuyos nombres los agentes antidrogas tienen en lista como futuros extraditables, según conoció este medio.
Diversos sectores de la sociedad temen que nuevamente el CNDS caiga en manos del narcotráfico. A criterio del abogado Lester Ramírez, “si se quiere realmente desmantelar esta estructura autoritaria que fue conformando Juan Orlando Hernández se debe revisar la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, así como la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas”.
Si no hay reformas, de nuevo este consejo va a ser politizado porque “dentro de la Secretaría de Defensa está el sobrino de la Presidenta. Me imagino que en ese consejo se va a sentar ‘Mel’ Zelaya y alguien de la comisión de extradición, entonces todo tiene un hilo político; por un lado están machacando que hay que hacerle juicio político a cierta gente, lo están haciendo para crear una narrativa para cuando a ellos les toque elegir la Corte y el fiscal y decir que ellos sí están eligiendo personas comprometidas con la ley. Creo que esto va a ser un problema”, advirtió Ramírez.
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Decisiones
Documentos en poder de EL HERALDO Plus muestran el poder del CNDS al decidir sobre acciones estratégicas y operativas. La militarización de la seguridad y de la sociedad fue uno de sus principales objetivos, aprobando millonarias cantidades de dinero para las Fuerzas Armadas.
Solo para la participación de la Policía Militar en la Operación Morazán se le asignó anualmente 202.5 millones de lempiras. Asimismo, ordenó erogar otros 351.8 millones para la segunda etapa del proyecto de la Policía Militar y otros 260.6 millones para la tercera etapa, indican los archivos.
Haciendo uso de los recursos de la Tasa de Seguridad, según los documentos, el CNDS también ordenó la creación del Décimo Séptimo Batallón de Infantería Celaque a un costo de 168.5 millones de lempiras; también entregó a los militares otros 104.5 millones para la compra de 171 vehículos. Esto solo es una pequeña parte de los fondos dados a las Fuerzas Armadas.
Aparte de esto, decidió sobre las compras de vehículos, motocicletas, armas, uniformes, chapas y equipo antimotines para la Policía Nacional y para la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y sobre la construcción de cárceles, manejo de los privados de libertad, adquisición de los equipos y software para las intervenciones telefónicas (donde aparecen costos de 7.2 y 8.5 millones de dólares). De la misma manera determinó qué hacer con las incautaciones a los narcos bajo la responsabilidad de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).De acuerdo con el empresario Adolfo Facussé, “en ese consejo estaban todos los poderes y lo presidía el Presidente, por lo que esa estructura viola la separación de poderes que debemos tener en el país. Este consejo no debe existir”.
Lamentó que desde esta instancia se haya trabajado para modificar el Código Penal para reducir las penas y los trámites, por lo que hoy se pueden cometer delitos muy graves pero recibir poco castigo.
Facussé ejemplificó con el caso de los hospitales móviles, pues Marco Bográn podría recibir nada más una pena de diez años que luego podría reducirse a cinco años.
Además no hay mayor esfuerzo en la incautación de bienes para que el Estado pueda resarcirse parte de los daños, sostuvo el empresario.A su parecer, así como dejaron el Código Penal la corrupción es un buen negocio. “La seguridad debe comenzar por leyes severas para quienes cometen delitos”, afirmó.
Cuestionó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, con su mando dictatorial, no sirvió de mucho en el diseño de las políticas para mejorar la seguridad ciudadana y del Estado. “Ahí lo que había era subordinación a una sola voz y esto debe ser derogado”, añadió.
Por su parte, el abogado Oliver Erazo cree que la reactivación o no del CNDS pasa por la idoneidad y calidad de las personas que lo integran.
“Esto pasará mucho por quién va a ser el presidente de la Corte, quién va a ser el fiscal, si los que se van a poner son otros narcoabogados o abogados VIP activistas del tripartidismo, entonces no estamos en nada, lo que vamos a tener ahí es un centro de operatividad y de información para los otros carteles que están operando en el país”, expresó.
Él es de la opinión de que la ley del CNDS debe reformarse y que se apruebe una veeduría social de alto nivel porque “imagínese en esta década qué tipo de seguridad nacional hemos tenido, basta con ver el ejemplo de una persona capturada recientemente quien desde 2016 había sido solicitada en extradición por Estados Unidos y Panamá y no había sido arrestada”, criticó Erazo.
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