TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (
TSC) a los fondos manejados por la Comisión Permanente de Contingencias (
Copeco) durante la pandemia deja al descubierto un nuevo acto de corrupción.
El informe se desprende de la investigación practicada a las compras y contrataciones realizadas por Copeco para la contratación y ejecución del proyecto denominado, “Construcción de triaje y obras de mejoramiento de salas en el hospital cardiopulmonar El Tórax”.
La investigación revela que el 6 de marzo de 2020, las autoridades de Copeco suscribieron el contrato de construcción del triaje con la empresa JF Construcciones por un monto de 4,252,011.89 lempiras.
Los principales implicados en este caso son el extitular de Copeco y actual diputado nacionalista por Yoro, Gabriel Rubí, y el exdirector administrativo y financiero de Copeco, Cristian Elías Santeli Chavarría.
El expediente fue remitido al Ministerio Público para su judicialización al detectarse indicios de responsabilidad penal en el caso.
El contrato contemplaba la construcción del triaje, la remodelación de Sala de Observación n.º 1 y n.º 2 y otras obras adicionales.
La contratación se hizo de forma directa entre los representantes de Copeco y la empresa JF Construcciones, impidiéndole al Estado de Honduras hacer cotizaciones, comparaciones de precios y otras condiciones técnicas y de calidad.
Esta inobservancia de las autoridades de Copeco provocó una sobrevaloración de 653,697 lempiras en la construcción de la sala de triaje de El Tórax, cuya edificación no fue solicitada por la Secretaría de Salud y tampoco hubo una posterior aprobación de parte de la Presidencia de la República.
“Era deber y responsabilidad exclusiva de Copeco cotizar los precios de las obras a ejecutar y escoger la oferta más conveniente a los intereses de la administración pública, lo cual no se realizó por los incumplimientos del contratante”, establece la auditoría.
Los auditores determinaron que este proyecto tampoco cumplió con los requisitos legales, técnicos, financieros y administrativos previos y posteriores a la realización del proceso de contratación y ejecución.
Aunque “este hecho fue subsanado por la empresa constructora reintegrando este valor al Estado de Honduras, no obstante la deficiencia fue determinada por esta comisión de auditoría”, concluye la investigación.
Por otra parte, altos exfuncionarios de Copeco aseguraron que designaron una empleada de la institución para realizar la supervisión de la obra. Pero esta empleada de Copeco respondió a los auditores del TSC que ella no realizó ninguna visita al proyecto, que el alcance que tuvo en el proyecto fue únicamente el de revisar el procedimiento matemático de la estimación.
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El informe se desprende de la investigación practicada a las compras y contrataciones realizadas por Copeco para la contratación y ejecución del proyecto denominado, “Construcción de triaje y obras de mejoramiento de salas en el hospital cardiopulmonar El Tórax”.
La investigación revela que el 6 de marzo de 2020, las autoridades de Copeco suscribieron el contrato de construcción del triaje con la empresa JF Construcciones por un monto de 4,252,011.89 lempiras.
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Los principales implicados en este caso son el extitular de Copeco y actual diputado nacionalista por Yoro, Gabriel Rubí, y el exdirector administrativo y financiero de Copeco, Cristian Elías Santeli Chavarría.
El expediente fue remitido al Ministerio Público para su judicialización al detectarse indicios de responsabilidad penal en el caso.
El contrato contemplaba la construcción del triaje, la remodelación de Sala de Observación n.º 1 y n.º 2 y otras obras adicionales.
La contratación se hizo de forma directa entre los representantes de Copeco y la empresa JF Construcciones, impidiéndole al Estado de Honduras hacer cotizaciones, comparaciones de precios y otras condiciones técnicas y de calidad.
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Esta inobservancia de las autoridades de Copeco provocó una sobrevaloración de 653,697 lempiras en la construcción de la sala de triaje de El Tórax, cuya edificación no fue solicitada por la Secretaría de Salud y tampoco hubo una posterior aprobación de parte de la Presidencia de la República.
“Era deber y responsabilidad exclusiva de Copeco cotizar los precios de las obras a ejecutar y escoger la oferta más conveniente a los intereses de la administración pública, lo cual no se realizó por los incumplimientos del contratante”, establece la auditoría.
Los auditores determinaron que este proyecto tampoco cumplió con los requisitos legales, técnicos, financieros y administrativos previos y posteriores a la realización del proceso de contratación y ejecución.
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Supervisión de la obra
Otra de las inconsistencias es que Copeco no contrató ninguna empresa supervisora del proyecto, lo que originó que se pagara un monto de 996,860 lempiras por obras no ejecutadas a la empresa JF Construcciones.Aunque “este hecho fue subsanado por la empresa constructora reintegrando este valor al Estado de Honduras, no obstante la deficiencia fue determinada por esta comisión de auditoría”, concluye la investigación.
Por otra parte, altos exfuncionarios de Copeco aseguraron que designaron una empleada de la institución para realizar la supervisión de la obra. Pero esta empleada de Copeco respondió a los auditores del TSC que ella no realizó ninguna visita al proyecto, que el alcance que tuvo en el proyecto fue únicamente el de revisar el procedimiento matemático de la estimación.
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