Tegucigalpa, Honduras
La petición de los empresarios de eliminar el 1.5 por ciento del Impuesto sobre la Renta podría ser cumplida próximamente, según las declaraciones del presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
Durante su participación en la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como titular de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el mandatario prometió que “vamos a revisar el 1.5 por ciento, como una muestra de otras cosas que podemos revisar y como simplificar los procesos que son fundamentales”.
Hernández agradeció a los empresarios por acompañar siempre al edil capitalino en el desarrollo de diferentes obras.
“Siempre vamos a trabajar en el país, tenemos una serie de proyectos que queremos realizar con ustedes, para que la economía pueda seguir creciendo con reglas claras y competitivas”, manifestó.
Los empresarios, por su lado, consideran que eliminarlo sería un mensaje positivo para el sector privado que quiere invertir en el país.
El cobro
Las empresas obligadas a pagar el 1.5 por ciento son aquellas que facturan 10 millones de lempiras o más durante el año. El cobro es aplicado sobre el total de las ventas y no sobre las utilidades, por lo que el sector privado lo considera confiscatorio para las finanzas de las empresas.
El cobro de este tributo fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto 278-2013 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2014.
Desde entonces, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reporta que las empresas han pagado más de 8,000 millones de lempiras al Estado.
Detallan que del 100 por ciento de las ganancias, las empresas entregan al fisco el 88 por ciento, lo que les impide invertir.
En consecuencia, se han dejado de generar entre 5,000 y 7,000 empleos, desde su aplicación a la fecha.
“Es un impuesto que está dañando enormemente a la población porque afecta el desarrollo del sector privado, afectan la sostenibilidad de muchas empresas y, por ende, de muchos empleos”, manifestó Luis Larach, presidente del Cohep.
Los empresarios vienen solicitando su derogación desde que se aplicó en 2014, incluso presentaron un decreto de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que un año después lo dejó firme.
“Esperamos que lo deroguen, lo hemos venido solicitando hace varios años, porque frena la inversión”, aseveró Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).
La iniciativa privada reitera que no buscan una revisión, sino la eliminación de esta medida fiscal, la cual se daría en el Congreso Nacional, que es el único ente que puede aprobar o derogar leyes. “Tenemos la esperanza que lo elimine completamente. Es un impuesto confiscatorio”, manifestó el empresario Juan Carlos Sikaffy.
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