¿Qué pasará en su día?
La nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por parte del gobierno argentino, constituye un retorno al control estatal de dicho ente, fundado en 1920 y privatizado hace más de una década, expropiando a los dueños españoles de la institución a cargo de la exploración, extracción y distribución del petróleo y sus derivados.
La justificación utilizada por la presidenta Kitchner radica en que habían cesado las inversiones que permitieran tanto su mantenimiento como su expansión, en vista de las crecientes necesidades de hidrocarburos por parte de la industria nacional que han obligado crecientemente a importarlos.
La reacción a dicha medida por parte del gobierno español, condenándola, ha sido acuerpada por las naciones industrializadas del Primer Mundo, solidarizándose con la protesta hispana.
Adicionalmente, socios latinoamericanos de Argentina: México, Brasil, Uruguay, Paraguay, también han protestado en contra de las medidas proteccionistas adoptadas por Buenos Aires y que restringen, vulnerándolos, los tratados y pactos comerciales bilaterales y multilaterales.
La iniciativa argentina se inscribe en una tendencia a la recuperación de recursos naturales estratégicos que tiene sus orígenes en el México de Lázaro Cárdenas a finales de la década de los novecientos treinta, que lo enfrentó a los reclamos estadounidenses y británicos, con fuertes intereses en la riqueza mineral azteca, pero que logró remontar exitosamente, por la vía diplomática, esa oposición.
Posteriormente, fue la Cuba castrista la que expropió las fuertes inversiones estadounidenses en la agricultura, minería y turismo, respondiendo Washington con el embargo comercial y la ruptura de relaciones con ese régimen, lo que ha significado un considerable impacto negativo para la economía antillana.
Recientemente, gobiernos populistas en Venezuela, Ecuador, Bolivia, han adoptado medidas similares, lo que ha resultado en una drástica reducción en las inversiones extranjeras directas, que han desviado sus capitales hacia naciones que sí ofrecen un marco legal propicio así como un clima favorable a la inversión privada nacional y foránea, como Chile, Perú, Brasil.
Históricamente, el Estado ha demostrado ser, en el mejor de los casos, un mediocre administrador de la riqueza pública, generando déficits presupuestarios y comerciales cada vez más onerosos, por lo que debe existir un razonable equilibrio entre el sector estatal y el privado para alcanzar un crecimiento económico sostenible con efectos multiplicadores para otros rubros y sectores, con estabilidad y desarrollo humano compartidos.
